Después de los modelos militaristas dictatoriales, que fueron la constante en América Latina, durante lo que fue la guerra fría, bajo la imposición de la doctrina de la seguridad nacional, se inicia un proceso de transformación para la consolidación democrática, que pasaría no solo por un proceso de fortalecer la participación ciudadana, sino también para desterrar de una vez por todas el control del Estado de las manos de grupúsculos que por mucho tiempo lo habían instrumentalizado para sus propios intereses.

Supuestamente, allá lejos quedarían las amargas experiencias del Inta, Fydep, Indeca; bancos como Banvi, Bandesa; Crédito Hipotecario Nacional, que habían sido cooptados por los grupos de poder, amparados por leyes redactadas por congresos que también eran sus asideros legales.

También en esa misma tónica, se pretendía dejar las tristes experiencias de un sistema de justicia igualmente cooptada. De un sistema de seguridad interna y externa —Policía Nacional y Ejército— que no solo era utilizado por los grupos de poder para hacer valer la ley, sino que también ellas mismas, como instituciones, se convirtieron en grupos económicos y políticos de control social para fines propios.

Toda esta amarga pesadilla para el pueblo guatemalteco debería haberse terminado, por eso es que se empujaron con mucha esperanza los acuerdos de paz. Pero lamentablemente y por lo que estamos viendo hasta el momento, esta esperanza poco a poco se está diluyendo, cuando observamos que aquellos grupos que influían en las decisiones del Estado, ahora lo hacen bajo el cobijo del crimen organizado.

Estos mismos son lobos con piel de oveja, porque por un lado se presentan como amantes de la responsabilidad social, financiando escuelas como lo que acaba de hacer la Fundación Tigo en San Cristóbal Verapaz o los programas distractores de las empresas mineras e hidroeléctricas en el país, y por el otro, manipulando leyes como el último recién aprobado por el congreso sobre Telecomunicaciones.

Las noticias últimas tienen que hacernos despertar como ciudadanos del país, porque no se puede dejar que estos grupos tomen decisiones sobre nosotros, como lo han hecho siempre. No hay que permitir que decidan en la elección de fiscal general solo porque no quieren que la justicia los encuentre, saben que ellos son los responsables del deterioro del país, pero quieren seguir actuando con total impunidad y libertad.

No es posible que se rompa con la autonomía de los poderes. Y por eso, hoy los alcaldes, más que nunca, deben defender su derecho a la autonomía. Tampoco se debe permitir que se reforme la Constitución para que sigan gobernándonos quienes nos llevan a la crisis.