Se va cerrando un cerco en torno al Gobierno y a quienes han instrumentalizado al presidente Jimmy Morales hasta llevarlo a una clara confrontación en contra del actual titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a quien intentó expulsar el pasado mes de agosto.

La situación está bastante clara y en ese obstinado intento han llevado al mandatario a un callejón sin salida, porque cada vez se evidencia que muchos de quienes lo apoyan son personajes oscuros que actúan tras bambalinas y lo han llevado a lanzar una ofensiva estéril, porque simultáneamente a sus negativas siguen apareciendo casos de corrupción de su gobierno o al partido oficial.

Ayer, 13 de las naciones más poderosas del mundo y que son a la vez las principales donantes de Guatemala y el principal soporte para el funcionamiento de la Cicig emitieron un comunicado en el que piden al Gobierno trabajar junto con la oficina antimafias de la ONU y su comisionado, para continuar una tarea que si bien ha dado resultados contra la corrupción, aún está lejos de poder cumplir su objetivos.

Esto se debe a las evidentes muestras por desbaratar esos esfuerzos de parte de gente cercana a la primera línea del Gobierno, del Congreso y de otras jerarquías menores que también han sumado dinero y desvelos para frenar el desmantelamiento de estructuras criminales.

Los embajadores de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, el representante de la Unión Europea y el del Sistema de Naciones Unidas piden garantizar la estabilidad y el fortalecimiento de las instituciones para encarar de manera más efectiva no solo la corrupción, sino muchos otros ilícitos que se mueven en torno a este flagelo.

De hecho las principales causas de este desasosiego no se circunscriben al Ejecutivo, y esto se pudo constatar ayer, cuando la Corte Suprema de Justicia debió enmendarle la plana a la jueza Claudette Domínguez y aclarar que el general Érick Fernando Melgar Padilla no goza de ningún privilegio que lo revista de inmunidad. En consecuencia, debería ser cuestión de tiempo para que se materialice su captura.

Este es un caso que hace comprensible la preocupación de los diplomáticos acreditados en Guatemala, porque se siguen acumulando evidencias de un generalizado abuso de poder y mucho más cuando de manera inverosímil la jueza Domínguez se atrevió a darle a la Constitución una interpretación antojadiza que además de no ser aplicable al militar, tampoco le permitía un supuesto privilegio, como argumentaron los abogados que lo representaron, pero eso tampoco lo quiso verificar ella antes de emitir su bizarra resolución.

En esencia, los diplomáticos aparecen en este momento crucial para reiterar que se debe combatir con mayor efectividad la actividad criminal, nacional e internacional, pero para eso se requieren instituciones fuertes, no sometidas a las veleidades de los políticos, que de hecho no están entre los máximos defensores de la lucha contra la impunidad, sino son quienes han llevado a extremos inconcebibles la manipulación de las leyes para buscar beneficiar a una camarilla de delincuentes de cuello blanco.