Todos los años, cada estudiante paga al Mineduc la cuota denominada operación escuela, que tiene un costo de dos quetzales y tres quetzales por alumno, dependiendo el nivel de estudios, que al multiplicarla por la matricula hace una cantidad significativa de millones de quetzales, los cuales el Ministerio de Educación administra para dar mantenimiento a la infraestructura escolar que los alberga. La pregunta es: ¿Cómo y cuándo han invertido esa cantidad de quetzales para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar que los educandos exigen?

La naturaleza, principios y objetivos del cobro de esa cuota en los primeros cinco meses de cada ciclo escolar a estudiantes de centros educativos privados, por cooperativa y municipales, así como a los alumnos del nivel medio de centros educativos públicos, es que deben ser destinados para el mantenimiento de edificios escolares y proveer el mobiliario escolar necesario en los centros educativos del sector oficial.

A partir del 2013 se autoriza desconcentrar en las direcciones departamentales de Educación la recepción, registro, administración y ejecución de estos recursos, incorporándolos a su presupuesto. El acuerdo ministerial, firmado por la ministra de Educación del momento, indica que dichas direcciones deberán ejecutar los fondos a través del Sistema de Contabilidad Integrada, facultando a la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo para establecer y validar los procesos operativos necesarios para el registro y control de los recursos recaudados y ejecutados para tal fin.

Las protestas de la comunidad educativa se hacen presentes en las calles de las ciudades, demandando la necesidad de mobiliario, edificios escolares adecuados para hacer educación o la construcción de los mismos en donde el proceso de educar se lleva a cabo en galeras y ambientes improvisados que no cuentan con los servicios mínimos.

El Mineduc ha endosado la responsabilidad de construir edificios escolares a las municipalidades, utilizando los fondos de los consejos de Desarrollo, y la falta de mobiliario, a las instituciones privadas o estatales, como lo hizo el Ejército de Guatemala en el presente ciclo escolar. Cabe la pregunta: ¿En dónde se invierten los recursos producto de esta recaudación, que tienen un destino establecido? ¿Desde cuándo no se ejecuta este fondo en beneficio de la educación?

Debe establecerse un frente formado por el movimiento de activistas que velan por los derechos del niño y adolescente, como la PDH y la PGN, para exigir que se ejecuten con eficiencia y eficacia esos fondos.

Reiteradamente se habla de que hay poco presupuesto para resolver estos problemas, pero si se maximiza la ejecución de los fondos de Operación Escuela, sumados a las donaciones y préstamos para construir edificios escolares, más los recursos financieros de los consejos de Desarrollo, se debe cumplir con esas demandas de infraestructura, con diseños funcionales para las exigencias metodológicas y pedagógicas que el Mineduc impulsa para atender los principios holísticos que señala el Currículo Nacional Base.

Un ejemplo es la construcción de las escuelas Tipo Federación, que diseñó el Dr. Juan José Arévalo, y las que recientemente ha construido la fundación Ricardo Arjona, propiciando ambientes adecuados para maximizar aprendizajes que deberán desarrollar los ciudadanos que tomarán las directrices del Estado que deseamos recrear.

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