El antejuicio contra el presidente Jimmy Morales nunca nacerá a la vida política del país. Depende de la decisión del Congreso de la República, integrado por una mayoría de diputados convertidos en serios candidatos a recibir el mismo dictamen otorgado al mandatario. Los dueños de esas agrupaciones, además, ordenarán a sus huestes votar en contra, romper el quórum, no presentarse para torpedear de esa manera las sesiones. Por eso se puede hablar de un antejuicio nonato. Pero, irónicamente, al no haber 105 votos para rechazarlo, tampoco podrá ser sobreseído y quedará como una espada de Damocles contra el mandatario, así como una muestra más de desprestigio para el parlamento. Será otra victoria pírrica para todos los involucrados.

La confrontación entre el Ejecutivo y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ejemplificada con la colisión directa del presidente Morales con el comisionado Iván Velásquez, tendrá repercusiones insospechadas, Se puede comparar con un choque entre dos peleadores cuyo resultado no fue la victoria de uno de ellos, sino heridas mortales pero no de efecto inmediato para los dos, ahora ya moribundos. En la práctica, no veo posibilidad de regresar a la situación como estaba antes del inicio de la batalla, cuando coincidieron los ataques dentro de la ONU y en Guatemala, respectivamente. Posteriormente, la tempranera emboscada dominical resultó un fiasco, pero su consecuencia fueron las heridas mortales ya mencionadas.

Por el lado del presidente, la derrota fue total: fracaso en lograr el apoyo de suficientes sectores de la población, y solo lo obtuvo de instituciones afines de análisis jurídico-político. Externamente quedó aún peor: lo rechazó la ONU, el Departamento de Estado en Washington, la Comunidad Europea y tampoco obtuvo ninguna muestra de apoyo de países latinoamericanos. Lejos de ello puso al país al borde de quedar sin la urgente asistencia económica internacional, mientras la prensa foránea lo calificaba como un presidente políticamente inepto, llegado al poder con un discurso anticorrupción, pero luego dispuesto a expulsar a quien es visto dentro y fuera del país como el adalid de una larga lista de capturas y de juicios motivados por corrupción.

Iván Velásquez obtuvo dictámenes favorables, pero sin duda es muy difícil, si no imposible, regresar a la normalidad previa a la batalla, pese al terror provocado en algunos. Ante esto y debido a la necesidad de lograr aunque sea una mala paz, podría decidir una lamentable salida voluntaria, lo cual mantendría la Cicig —una petición de sus adversarios, aun forcivoluntaria— y lo haría salir por una justificada puerta grande. El resultado puede ser positivo porque la ONU enviará a un sustituto con política similar o aún más severa. Esto aplacaría el justificado temor de un retroceso total o parcial a los castigos para quienes durante años y desde diversos frentes, se han encargado de esquilmar al país y provocar el retraso traducido en dolor y sufrimiento.

El presidente no tiene futuro. Su permanencia pende de un hilo y poco lo ayuda su aferramiento a figuras pertenecientes al lado oscuro de la fuerza —entre ellos Arzú y Escobar. Su salida abre la puerta a otro problema, el de la llegada de su sucesor, con grandes posibilidades de tener problemas por financiamiento opaco. El peor escenario es el de un Congreso integrado con gente como la actual, eligiendo a quienes encabecen el organismo ejecutivo temporal por dos años. Otra vez, entregarían el mando personas distintas a las electas en los comicios, lo cual aterra y al mismo tiempo convierte a las elecciones futuras en ejercicios sin validez, porque siempre habrá razones para quitarle el antejuicio a quienes lleguen. Sigue el nefasto Macondo chapín.