Guatemala está atravesando una crisis social cuyo desenlace determinará el desarrollo de un Estado democrático o la consolidación de un Estado autoritario, sustentado por la corrupción y la impunidad. Infortunadamente, esa minoría que gana con el segundo modelo  —compuesta por una amalgama de políticos, militares y empresarios— está envalentonada como resultado del aparente éxito que han tenido sus similares en Nicaragua y Honduras.

Los diferentes casos llevados a tribunales por el Ministerio Público desde 2015, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ayudan a comprender la gran carretera por la que transitan los miembros del Pacto de Corrupción: una vía sin ideología, en la que se corre muy rápido por el impulso del dinero proveniente de negocios turbios. Una carretera en donde las únicas reglas son no dejarse atrapar y enquistarse en el poder público. En ese sentido, la consolidación de este modelo requiere tener a su servicio, o hacer socios, a aquellos que toman decisiones o influyen significativamente en el imaginario social: presidentes de los organismos del Estado, partidos políticos, representantes sindicales, empresariales y religiosos, así como medios de comunicación.

De ahí que un primer paso para romper este Pacto de Corruptos sea fijar una postura pública y tomar acciones consecuentes con esta. La Conferencia Episcopal de Guatemala lo hizo la semana pasada con un mensaje contundente: «el sistema político vive bajo la dictadura de la corrupción». Todavía falta ver una posición así de tajante desde la academia —universidades y centros de pensamiento—, del sector empresarial —cámaras y asociaciones—, del sector sindical —público y privado—, de los medios de comunicación, de los movimientos sociales y de las demás iglesias. El silencio ante la gravedad de esta crisis solo suena a complicidad.

Los comunicados son valiosos como punto de partida, pero una vez fijada la postura pública toca que las personas y entidades contrarias al Pacto de Corruptos promuevan una instancia para la búsqueda de acuerdos sociales que fortalezcan el Estado democrático. Hay muchos temas, urgentes y estructurales, pero se debe dar un sentido de proceso al blindaje de la democracia. Primero, vigilar y promover la elección de un fiscal general probo, que dé certidumbre a la ciudadanía. El proceso estará en manos de la comisión de postulación, y la decisión final la tomará el presidente Morales.

Segundo, delimitar la agenda pro democracia que la sociedad debería exigir al Congreso, aun cuando este no tenga como mayoría a los diputados más idóneos. En esta agenda destaca la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Asimismo, se debe impedir cualquier intento de legislar a favor de la impunidad y la corrupción, nuevos privilegios fiscales o alguna artimaña para limitar el trabajo de la Cicig.

Para que esto funcione se requiere de conocimientos y experiencias diversas, otro motivo para actuar de manera colectiva. Otros dirán que hay más temas en la agenda y es cierto, pero los planteados pueden ser un buen punto de partida.

El primer escollo en esta búsqueda de consenso reside en algo tan inicial como determinar quién convoca: por influencia social, por credibilidad o por espacio político. El reto bien puede recaer sobre la Conferencia Episcopal, el Consejo Ecuménico, la Universidad de San Carlos, Naciones Unidas o los tradicionales países amigos. Lo que sí está claro, es que salvo que seamos cómplices del Pacto de Corruptos, no nos podemos quedar ni callados, ni quietos, ni separados.

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