El caso Corrupción y Construcción destapado por el Ministerio Público y la Cicig permite adentrarse en el bajo mundo en que funcionarios gubernamentales, coludidos con empresarios venales, hacen grandes transacciones en detrimento del Estado. Esta investigación penal evidencia una de las manifestaciones de la “corrupción normal”, de esa a la que hiciera alusión el mandatario Jimmy Morales. El uso de sobornos millonarios para lograr contratos de obra infraestructural o conseguir el pago de las deudas de arrastre han sido la forma en que operan funcionarios y contratistas y que determinan la existencia de negocios lesivos para los intereses del país. La forma de operar de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicación y exprecandidato presidencial del Partido Patriota, es solo el ejemplo más repugnante de una práctica que ha existido y que persiste en el Estado.

Basta ver la situación calamitosa en que se encuentran las carreteras para comprender los estragos que estas prácticas corruptas le causan a la población. Haber (2013) define esta forma de operar como capitalismo clientelista (crony capitalism), en el cual los empresarios guardan relaciones estrechas con la clase política para recibir prebendas que generan un valor económico más allá de lo que lograrían en un mercado en condiciones competitivas. Este politólogo estadounidense señala que esta corrupción ha convertido en millonarios a empresarios que han hecho negocios con funcionarios en áreas como las telecomunicaciones, la construcción y la banca, entre otros. Desde esa perspectiva, esta corrupción crea un círculo vicioso porque actúa como una barrera de entrada a nuevos competidores empresariales. Ese modelo de negocio está coludido con el patrimonialismo al que Weber (1989) definió como la tendencia de un gobierno o un partido político de considerar como propios los bienes públicos. Sinibaldi, por ejemplo, compró maquinaria con fondos del Estado, pero la usó en sus fincas.

Las dos grandes empresas implicadas en el caso Corrupción y Construcción han surgido como producto de esa forma anómala de operar, porque el capitalismo clientelista se mezcla con el patrimonialismo. Mario López Estrada, ministro de Comunicaciones del gobierno de Vinicio Cerezo, se quedó por muchos años con la concesión del monopolio de la telefonía celular por medio de Comcel. Ahora, al frente de Tigo, la revista Forbes lo considera el hombre más rico de Centroamérica. La venta de Guatel por parte del gobierno de Álvaro Arzú fue declarada un negocio lesivo para el Estado, pero nada pasó y hoy día se erige como Telgua-Claro, filial de América Móvil del mexicano Carlos Slim. Ambas compañías están implicadas en financiamiento ilícito; Tigo lo hizo con la UNE y lo continuó con el PP. Y en ese sistema de corrupción existen profesionales del tráfico de influencias como Julio Ligorría Carballido, ahora prófugo de la justicia, que fue clave para que Claro financiara ilegalmente al PP.

Esas relaciones clientelistas-patrimonialistas continúan porque se sabe que el gobernante Jimmy Morales recibe “sugerencias” de López Estrada, tan así que el presidente de Tigo tiene una fuerte influencia en el Ministerio de Economía, por no decir que lo controla. Esa colusión entre funcionarios gubernamentales y empresarios es nefasta porque las estructuras administrativas del Estado pasan a estar al servicio de intereses fácticos. Las comisiones o sobornos que entregan a funcionarios, los empresarios se las cobran en sobreprecio o uso de materiales de mala calidad en las obras. Quizá por eso a algunos sectores empresariales les molestan las investigaciones del MP y la Cicig porque estas instituciones combaten a las estructuras de corrupción que impactan en forma negativa en el desarrollo del país.

@hshetemul