Varios hechos ocurridos en los últimos días ponen en perspectiva el reto que tiene el país para reencausar el rumbo y superar muchos de los escollos que complican las posibilidades de avance y de consolidación del estado de Derecho.

El pasado miércoles fue noticia la captura de 12 personas vinculadas con una estafa cometida desde el desaparecido Banco de Comercio en contra de más de 12 mil cuentahabientes, una acción fraudulenta que las autoridades consideran que pudo haber sido planificada casi desde el inicio de operaciones de esa entidad.

También se informaba ese mismo día de la condena de un tribunal contra tres exdirectivos del también desaparecido Bancafé, que había utilizado a Valores e Inversiones del País, S. A., para captar millones de quetzales que también se convirtieron en una operación fraudulenta que afectó a por lo menos unas 239 personas, y también se estima que la entidad financiera perdió en esas operaciones por lo menos Q145 millones.

El tercer evento ocurrió el pasado viernes, con la captura de tres exdirectivos y varios exempleados del Banco de los Trabajadores (Bantrab), quienes están sindicados de haber manipulado adquisiciones de bienes para hacerse de propiedades que les habrían facilitado el lavado de millones de quetzales y por lo cual el Ministerio Público y la Cicig los presentaron como una estructura criminal que intentó saquear a la institución.

Tres hechos relacionados con un tipo de operaciones específicas que alertan sobre la conducta de algunas personas al frente de instituciones que están llamadas a actuar con honestidad y al servicio de quienes hacen posible la viabilidad de las mismas. Como bien lo expresaron los directivos que asumieron de inmediato la conducción del Bantrab, se trata de personas y no de la entidad.

Eso es cierto y mucho de lo que se ha dicho con los distintos casos de corrupción que se han destapado en varias entidades encaja con esa definición, pero también lo es que la mayoría de esos casos han ocurrido porque desde los distintos gobiernos se ha alentado a que se incurra en ese tipo de malas acciones y el mal ejemplo de los políticos de turno lo ha permitido.

Por ello es que no se puede ver como casos aislados lo que sucede en entidades privadas, porque al final no están del todo separadas de la labor gubernamental y existen otras instituciones en las cuales los gobernantes intervienen directamente en la designación de las principales autoridades, lo que incluso ha permitido conocer que algunas de estas a su vez han sido financistas de los políticos que aspiran a los principales cargos gubernamentales.

Mucho de lo que ha ocurrido durante los últimos meses en Guatemala es el reflejo de esa perversa simbiosis que ha llevado los niveles de corrupción a un punto en el que resulta intolerable ese tipo de conductas y ante lo cual solamente queda respaldar el esfuerzo de quienes en la actualidad enarbolan la batalla contra la impunidad para ponerle un alto a ese flagelo.