Transparencia Internacional publicó recientemente el estudio “Barómetro global de la corrupción”, trabajo que sintetiza los resultados de una encuesta realizada, entre mayo y diciembre de 2016, a más de 22 mil personas en 20 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluyen las naciones centroamericanas. El objetivo ha sido conocer experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y las percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la mayoría de personas en la región, cerca del 62% de los encuestados, consideran que la corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. A nivel centroamericano esta afirmación fue hecha por el 53% de los entrevistados, siendo Costa Rica, El Salvador y Honduras los países con la peor percepción.

Al preguntar sobre cuán corruptos se perciben diversos grupos de poder en cada país, los resultados indican que el 47% de las personas encuestadas sostienen que la mayoría o todos son corruptos en la Policía y en el Congreso. El porcentaje baja un poco al evaluar a los gobiernos locales (45%), a los funcionarios que dependen del presidente (43%) y jueces y magistrados (40%). Finalmente, el 36% de los entrevistados cree que los ejecutivos de empresas son sumamente corruptos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, más de la mitad de los ciudadanos (53%) considera que su gobierno está haciendo mal esta tarea.

El estudio afirma que casi la tercera parte de usuarios de servicios públicos pagó soborno en los últimos 12 meses, lo cual equivale a casi 90 millones de personas en los 20 países encuestados. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales y escuelas pagaron soborno, dieron un regalo o hicieron algún favor al funcionario o empleado público para conseguir acceso al servicio requerido. Sin embargo, solamente el 9% de quienes pagaron sobornos denunciaron el hecho ante las autoridades. De este limitado número de personas, el 28% sufrió consecuencias negativas, mientras que en uno de cada cinco casos denunciados se tomaron medidas contra el autor.

En Centroamérica, entre un 24 (Costa Rica) y 38% (Panamá) de los entrevistados afirmó haber pagado sobornos. Dentro de los datos más reveladores están el que más del 51% de los entrevistados en Honduras, que utilizaron el sistema de justicia, afirmó haber tenido que pagar soborno. Entre 21 y 30% de los encuestados en El Salvador, Honduras y Panamá debió pagar sobornos para acceder a servicios públicos de educación o salud. Por su parte, Guatemala tiene el más alto porcentaje de sobornos en el Istmo —entre 21 y 30% de los encuestados— pagados a la Policía.

El estudio preguntó a los encuestados si consideran que las personas comunes pueden hacer la diferencia frente a la corrupción y el 70% dijo que sí. En Centroamérica, el porcentaje se situó en 73%: las personas tienen confianza en que su participación activa y la denuncia de los hechos de corrupción ayudan a luchar contra este flagelo. El estudio agrega, entre sus recomendaciones, la necesidad de fortalecer las instituciones que participan en la detección, investigación y condena de delitos de corrupción. Asimismo, recomienda eliminar la inmunidad política en los casos de corrupción; proteger a los denunciantes, tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos y sanear la institución policial. La corrupción, como mecanismo de ejercicio del poder, es un cáncer que está matando la democracia, si queremos un mejor futuro, nos toca enfrentarla.

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