Decidido a escribir sobre la Consulta Popular Guatemala-Belice, me di a la tarea de investigar sobre el tema. Como primer paso, ingresé a la página web del Tribunal Supremo Electoral y luego a “Diferendo Guatemala Belice”, y a “Tribunal Supremo Electoral convoca a Consulta Popular por diferendo Guatemala-Belice”. El texto informa que el TSE “convocó mediante el decreto 1-2017 a Consulta Popular respecto al diferendo territorial, marítimo e insular que mantiene Guatemala con Belice desde hace décadas”. En el siguiente párrafo continúa y dice, “la consulta popular se llevará a cabo el domingo 18 de marzo del próximo año…” En el texto se informa que en el acto de convocatoria a Consulta Popular, la ceremonia tomó relevancia con la participación del Coro Nacional de Guatemala, que entonó el Himno Nacional e interpretó las melodías Mi Bella Guatemala y Luna de Xelajú.

Lo primero que pensé fue, caramba, la consulta ya se realizó y ni cuenta me di; según yo, era el próximo domingo 15 de abril. Pronto me di cuenta de que la página web del TSE data del año pasado y no se ha actualizado. Creo que esto dice mucho; ni siquiera la página web del TSE tiene información actualizada sobre la Consulta Popular —al 10 de abril, a cinco días del evento. Esto es altamente indicativo de la organización y, especialmente, la difusión que ha tenido la próxima Consulta Popular. No debe extrañar si participa un bajo porcentaje de la población.

Los que crecimos y nos educamos en este país aprendimos que el territorio de Belice es parte de Guatemala y que por cuestiones históricas, de hecho, esto no es así, pero debe mantenerse la esperanza de que se convierta en realidad. No resumiré aquí la historia que rodea el diferendo, más que decir que hace décadas el tema era “recuperar Belice” y ahora es recuperar parte del territorio u obtener una salida al mar. Se ha optado por referir la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y para que esta acceda a tomar el caso se requiere una consulta popular con resultado afirmativo de ambas partes. Si se logra obtener el sí en las consultas que se realicen tanto en Guatemala como en Belice, la CIJ se tomará de cinco a siete años para decidir el caso. Un aspecto importante de las consultas y el proceso en esta corte internacional es que la decisión que tome la CIJ será vinculante y definitiva.

Hay opiniones muy encontradas sobre la realización de la consulta popular. Hay quienes sostienen que es ilegal y que debe desconocerse cualquier resultado. Alguna propaganda oficial, que ha sido escasa, ha manifestado que la consulta contribuirá a la democracia y al desarrollo económico, que me parece un tanto engañoso —aun cuando confieso que solamente escuché este mensaje en Radio Faro. El hecho es que no hay muchas opciones para resolver este diferendo, que tiene una larga historia. Negociaciones bilaterales interminables no conducirían a nada. Poder referir el caso a la CIJ ofrece, por lo menos, luz al final del túnel. Quizá Guatemala deba insistir que en la corte que conozca el caso no participen jueces de países interesados, como el Reino Unido y México.

El artículo 19 de la Constitución tiene el título “Belice”. Me gusta el segundo párrafo: “El Gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice”. Esto es lo que debiera estar ocurriendo desde hace mucho tiempo; promover el libre tránsito de personas, bienes, información y cultura. Cualquiera que sea el resultado, conviene entrelazar estrechamente a Guatemala con Belice, especialmente social y comercialmente.

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