Y sí, la Comisión se va y eso plantea la cuestión de qué, exactamente, van a hacer la élites de este país. Porque los problemas siguen ahí.  Unos son consecuencia directa de un régimen jurídico-político mal diseñado y otros son su consecuencia indirecta.

Por ejemplo, el hecho de que los cargos judiciales se hayan concebido para plazos tan cortos y de que al tribunal de suprema jerarquía o a su presidente se les haya encargado, además, un cúmulo de funciones administrativas y financieras, como si no fuera más importante la de administrar justicia, demuestra la falta de enfoque en el problema de los fundamentos del Estado de derecho, reflejados en la Ley Fundamental.

Al Poder Ejecutivo se le creó una especie de administración paralela: los consejos de desarrollo urbano y rural, que ni son electos ni están sujetos a un régimen de responsabilidad política, como sí lo están los ministros, por ejemplo. Si bien todo funcionario está obligado a comparecer ante el Congreso o sus órganos, no todos están sujetos a un voto de falta de confianza.

Si uno compara la importancia relativa de los órganos de contralor, como el MP o la CGC, por ejemplo, con la que se le dio a la universidad del Estado, queda claro el desequilibrio entre la visión corporativista del Estado (encarnada por la Usac) y la del imperio del Derecho, respaldado por instituciones fuertes y bien dotadas de recursos. Ese cinco por ciento del Presupuesto, o buena parte de él, debía haberse dedicado a la prevención, investigación y persecución del crimen.

Como he señalado con anterioridad, es de suyo irónico que tanto los que favorecieron el establecimiento de la Cicig como los que celebran su partida se hayan quejado de la falta de independencia de los jueces. Pero cuando la propia comisión puso sobre la mesa una reforma seria —no perfecta— sobre la mesa, el “establishment político-económico” la abandonó.

Es verdad que “el Estado de derecho no se come”, pero sin ese cimiento institucional no es posible desarrollar la economía. No lo es porque, sin tribunales que impidan violaciones contra los principios de igualdad y de generalidad de las leyes, los grupos de presión negocian con los partidos políticos los privilegios y de ahí se deriva la mayor parte de distorsiones de precios y costes que hacen tan ineficiente la economía y subrayan la falta de certeza, ahuyentando las inversiones, tanto las nacionales como las extranjeras.

Y cómo dejar de lado la falta de seguridad personal. Una de las razones principales por las que el éxodo de guatemaltecos no se detiene. La violencia de las maras y el desamparo en que viven sus víctimas. Por tanto, la Comisión se va, pero eso en nada cambia la necesidad de emprender reformas profundas para que el poder, en todas sus formas y manifestaciones, quede sujeto a la Ley. No a cualquier ley, sino que a unas leyes generales, de igual aplicación a todos por parte de unos jueces independientes que, a su vez, sean guardianes de la certeza jurídica, condición sine qua non de la prosperidad económica y de la estabilidad política. Para dar inicio al complejo proceso no hay nada a qué esperar.

eduardomayora.com