Nuestra Constitución establece como obligación del Estado “promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza”, también señala que “el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores”.

¿Puede existir promoción de actividades productivas y protección a la economía del mercado sin certeza a la propiedad privada? De plano no, y viene esto al caso por las recientes noticias de lo que ocurre en el Registro de Información Catastral (RIC), utilizado para cualquier cosa, menos para lo que fue creado.

La precariedad en la titulación de la tierra en el departamento de Guatemala, por mencionar el que abarca la ciudad capital, es dramático. La “posesión de buena fe por generaciones” en San Juan y San Pedro Sacatepéquez, San Raimundo, San José del Golfo, Palencia, Chuarrancho y Villa Canales constituye, sin temor a equivocaciones, la forma en que se tiene, goza y produce la mayoría de la tierra, increíblemente el registro de los fundos en el Registro General de la Propiedad no es la regla sino la excepción y por eso es importante que cualquiera de nosotros conozca qué es el catastro y para qué sirve.

Por “catastro” se entiende “censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas”, la Misión del RIC es “establecer, mantener y actualizar el catastro nacional para constituir un registro público orientado a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra”. En este sentido, conforme su ley orgánica esta institución es la “autoridad competente en materia catastral que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional.”

La información catastral tiene cientos de efectos y usos, entre los que podemos mencionar, brinda certeza sobre la extensión real de cada propiedad y también es una útil herramienta para cualquier planificación para la ejecución de políticas de desarrollo y cuidado del ambiente. Sin información catastral, cualquier autoridad está a oscuras y lo único que queda es el conocimiento empírico o la especulación.

A la fecha, el Registro de Información Catastral ha completado dos municipios en Petén, uno en Alta Verapaz, tres en Zacapa, dos en Chiquimula y paramos de contar, se trabaja en esos departamentos para algún día terminarlos y además se trabaja en Izabal, Baja Verapaz y Quiché. El RIC fue fundado en 2005, así que en 13 años su producto es patético y cada gestión burocrática y complicada.

“Si Guatemala midiera los metros que están inscritos en el Registro de la Propiedad seríamos del tamaño de México”, nos decía un profesor en la Facultad de Derecho, y si a eso le sumamos que la mayoría de tierras rurales no están inscritas, sino simple y sencillamente se poseen el problema se multiplica y evidencia lo precario de nuestro sistema jurídico para brindar certeza a la propiedad (derecho humano) de la tierra.

Nuestro país tiene una ley vigente que permite “inmovilizar” nuestras propiedades porque gravita la amenaza de que “nos las roben” y la Corte de Constitucionalidad ha tenido que desarrollar una gran doctrina porque han sido muchas las propiedades que se han traspasado de forma fraudulenta.

Si queremos inversiones generemos marcos de confianza en la propiedad de la tierra, si pretendemos debemos crear márgenes claros para dirimir los conflictos sobre tierras y si queremos desarrollo hay necesidad de catastro. El RIC debe dejar de ser ese monstruo ineficiente y caja de corrupción para convertirse en un verdadero pivote del desarrollo ¿será que habrá interés algún día o seguirá siendo muestra de ineficiencia o corrupción?

@Alex_balsells