Ya van más de 400 días que la minera San Rafael está parada. Ya van varios miles de personas que se han quedado sin empleo. Ya van un par de miles de millones de quetzales de actividad económica que se esfuman en el olvido. Ya van muchas personas que antes tenían un empleo bien remunerado y que ante el desempleo han decidido ir a probar suerte al norte, donde tal vez no sean bien recibidos por algunos funcionarios, pero por lo menos no se obstaculiza la libre actividad de las personas y empresas, lo que hace que tengan más esperanza de conseguir un empleo que aquí, en su terruño, donde la Corte de Constitucionalidad (CC) pareciera estar empeñada en fomentar la pobreza y la emigración.

Simplemente no puedo entender cómo es que la CC prioriza sus decisiones. Hemos visto que en algunos casos ha actuado de manera acelerada, saltándose las trancas y hasta el debido proceso con tal de resolver algún caso que les interesa particularmente a ellos o alguien cercano, mientras que en este caso, que es de trascendencia capital para el desarrollo de todos los guatemaltecos, un caracol ya les habría sacado varias vueltas de ventaja. Que conste que entiendo que lo mismo es cierto para muchísimos otros casos que duermen el sueño de los injustos en algún olvidado anaquel de la CC.

¿No se dan cuenta los magistrados de que la importancia de este caso va mucho más allá de los más de mil millones de dólares invertidos por la Minera en nuestro país? Va mucho más allá, porque de esta decisión depende quién sabe cuántas decisiones más de inversión en nuestro país. Muy pocos inversionistas pensarán siquiera en invertir un dólar en Guatemala —sin importar cuál sea su giro de negocios— mientras no se resuelva este absurdo entuerto.

Lo peor de todo es que lo han retrasado y enredado sin necesidad. ¿Acaso no fueron los mismos magistrados quienes emitieron una resolución hace ya más de un año, que calificaron de “macro sentencia”, que sentaba las bases para resolver de manera similar todas las acciones que se presentaran relacionadas con las consultas establecidas por el acuerdo 169 de la OIT? ¿Acaso no la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya resolvió que en la región sí existen xincas y que, por tanto, el Ministerio de Energía y Minas tiene que realizar el proceso de consulta del dichoso acuerdo? ¿Cuál es entonces el problema? ¿Por qué no resolver?

Mientras tanto, casi todos los índices económicos en Guatemala van para el suelo y no se ve la luz al final del camino. Las consecuencias más palpables de este retraso malicioso por parte de los magistrados de la CC es más desempleo, más pobreza y, por tanto, más emigración en busca de mejores horizontes. No importa lo que los gringos vengan a decir o a querer imponer en nuestro país para que la gente no se vaya para allá. Mientras no se cambie el sistema, la gente se seguirá yendo.

Es triste e impotente ver cómo lo que podría ser un futuro promisorio, cada vez se vuelve más gris y sombrío, por este sistema tan cargado de corrupción y de irresponsabilidad de quienes no cumplen la función para la cual se les escogió. Y si eso sucede en la más alta Corte, ¿qué podemos esperar del resto del sistema?

No queda más que seguir esforzándonos y alzando la voz porque se cambie este sistema donde tantos funcionarios pueden tomar decisiones arbitrarias sobre la vida y suerte de tantas personas, sabiendo que la impunidad reinante evitará que sean ellos quienes paguen las consecuencias de sus decisiones, sino que serán los demás, los otros y generalmente los tributarios los que terminen pagando el pato de su irresponsabilidad. ¿Hasta cuándo aguantaremos?

Fb/jjliber