Cuando se vive en la ciudad capital, fácilmente se pierde la perspectiva de que el país es mucho más extenso, habitado, diverso y complejo que lo que solemos percibir dentro de los linderos de nuestra cotidianeidad capitalina. La Ciudad de Guatemala —incluyo en esta definición al municipio y su área conurbana— funciona como una enorme ciudad amurallada de tiempos medievales, donde lo que generalmente escuchamos es el eco de nuestras propias voces rebotando de vuelta a nuestros oídos, haciéndonos pensar que nuestras preocupaciones, posiciones y disputas son igual de importantes para los connacionales que viven en otras partes del país; mientras que esta expectativa no tiene el mismo nivel de resonancia cuando los problemas refieren a lo que ocurre en “en el interior”, “en la provincia”, “el resto del país”, “el campo”, como suele ser la usanza algo despectiva cuando desde la capital se hace referencia a lo que ocurre fuera de sus linderos.

Ya solo el lenguaje empleado denota que tenemos un serio problema en la manera como representamos nuestro país en el imaginario colectivo. En otras palabras, seguimos viviendo en una lógica de centralidad/periferia en el ejercicio del poder, que se refleja en la configuración territorial, en la dinámica demográfica y, no digamos, en la dinámica económica y política y del sistema de gestión pública. Por ello también los esfuerzos de descentralización y desconcentración de funciones públicas están deformados en su finalidad, tal el caso del Sistema de Consejos de Desarrollo.

Irónicamente, esta dinámica histórica se confronta en esta segunda década del siglo XXI, con una creciente independencia relativa de los gobiernos locales —encarnada, por ejemplo, en la proliferación de nuevos municipios— que carece de sustento fiscal y técnico, o bien que da lugar a la existencia de localidades que prácticamente operan como territorios liberados de la coerción del Estado, pero que están controlados por otro tipo de fuerzas a veces locales, a veces hasta transnacionales.

Por eso, es muy difícil que la gente que está fuera del área de influencia de la centralidad del poder se interese sostenidamente en lo que tendemos a llamar asuntos de Estado. Tienen situaciones más apremiantes que resolver, como procurarse el alimento, hasta los retos que enfrentan en su relación con los denominados gobiernos locales —que son las municipalidades, esencialmente—, a quienes la mayor parte de veces ese nombre les queda demasiado grande. Baste para ello ver el “Ranking de Gestión Municipal” que genera Segeplán cada dos años. Menos se interesan cuando son pocos los medios de comunicación impresos, radiales, televisivos, de cable y digitales que realmente le dedican tiempo a “conectar” ambos mundos, y le dan prioridad a lo que ocurre a lo largo y ancho del territorio nacional.

A raíz de una columna que escribí hace algunas semanas sobre la situación que están viviendo los ciudadanos de Puerto Barrios, he recibido una serie de mensajes y comunicaciones de gente de muchos municipios que sienten —y hasta pueden documentar— cómo las autoridades locales siguen operando al margen de la voluntad ciudadana. Si los medios, especialmente radiales, no hacen un mayor esfuerzo por proyectar en su programación los debates nacionales, y en la capital, dar a conocer más los debates locales, difícilmente podremos generar esa fuerza ciudadana que nos permita hacer frente a los retos que tenemos.

Agradezco, por cierto, el interés del alcalde de Puerto Barrios en comunicarse conmigo y manifestarle mi interés en escuchar más las voces locales y las de sus autoridades.