“Justicia, justicia, justicia”, claman los familiares del niño Teyler Leonardo Lorío, de 14 meses, asesinado de un balazo en la cabeza, en Managua, el sábado último. Según testigos, un grupo de paramilitares al servicio del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pasaron disparando y mataron al menor que estaba en brazos de su padre. Teyler se agrega a los más de 200 asesinados que ha dejado la crisis política que comenzó el 18 de abril y que se ha extendido en casi todo el país en exigencia de la renuncia de la pareja presidencial, que no solo está señalada de nepotismo y corrupción, sino que ahora agrega a su expediente  las masacres contra la población civil. El régimen sandinista ha superado al somocismo en la saña contra sus opositores.

Las protestas contra las reformas al sistema de seguro social prendieron la llama del descontento contra Ortega y Murillo, principalmente entre estudiantes y jóvenes cansados de los abusos cometidos por quienes aún se definen como revolucionarios. Aunque el régimen dio marcha atrás a los cambios, las movilizaciones continuaron debido al rechazo a una familia corrupta que se ha entronizado en el poder. En noviembre del 2016, Ortega y Murillo “arrasaron” con el 72% de votos, con una oposición de cartón que le dio apariencia de legalidad a la nueva dictadura, al estilo Somoza. Ese clan se enriqueció a partir de haber saqueado empresas públicas y robado fondos antes de entregar el poder a Violeta Chamorro en 1990. A partir del 2007, la pareja real aumentó su fortuna por la vía del control de la empresa Albanisa, que distribuye el petróleo venezolano y ahora su poderío económico se extiende a la ganadería, la industria lechera, una red de radioemisoras y cinco canales de televisión, entre otros bienes.

Ortega y Murillo no defienden la revolución contra una conspiración terrorista como quieren hacer creer. No. Defienden su poder económico y evitar que puedan ser llevados a los tribunales por corruptos y asesinos. Por eso han impuesto en los últimos días un régimen de terror con grupos paramilitares, protegidos por policías, que disparan contra la población civil, secuestran y torturan a quienes creen opositores. El 19 de junio, Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, afirmaba que “lo que ocurre en la nación centroamericana es un movimiento organizado, financiado e instigado desde EE. UU.”. Ese periódico inventa toda una historia de relaciones entre organismos estadounidense, principalmente la CIA, para infiltrar a la juventud nicaragüense y debilitar a las bases de apoyo del sandinismo. Lástima grande que el gobierno cubano, al igual que el FMLN salvadoreño, se vuelvan cómplices del régimen de Ortega y Murillo, atascados en corrupción y ahora en matanzas contra su propio pueblo.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha salido en defensa de la población y ha exigido al gobierno que cese la represión y los asesinatos que han sido documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a la mayoría de sectores opositores al gobierno sandinista, exige elecciones anticipadas para marzo del 2019. La respuesta del gobierno ha sido incrementar las acciones de los grupos paramilitares que siembran el terror en las calles y lanzar una campaña de netcenter para difundir desinformación en las redes sociales. Carlos Tünnermann, exrector universitario y exministro de Educación, asegura que el movimiento es pacífico y evita caer en la provocación violenta del gobierno sandinista, que busca que la población responda con violencia para justificar lo que dice Granma. Es solo cuestión de tiempo para que la dictadura corrupta y criminal de Ortega y Murillo caiga estrepitosamente.