A los populistas de izquierda y de derecha no les gusta que su poder sea restringido por el Estado de derecho. Quisieran tener “mano libre” para perseguir a sus opositores y, en general, para abusar de sus posiciones de poder. Cuando no violan abiertamente la ley, buscan que sea interpretada a su manera. Lo ilustra desde las acciones de Maduro para evitar que funcione adecuadamente el poder legislativo venezolano, hasta las directrices ejecutivas de Trump para controlar la migración, o sus presiones a los jueces para evitar que las cuestionen.

En Guatemala hay cierto peligro de auge del populismo, pero sujeto a dos fenómenos contradictorios. Por una parte, ha crecido la debilidad del poder legislativo, integrado por varios diputados acusados de corrupción, y elegidos por partidos que ya no existen o que podrían dejar de existir pronto. Se ha abierto un espacio para que diversas fuerzas políticas nuevas, incluyendo fuerzas populistas, puedan aprovecharlo para surgir y fortalecerse. Venezuela es un ejemplo de cómo el desmantelamiento de los partidos políticos tradicionales coincidió con el surgimiento de Chávez, líder populista de izquierda. El desmantelamiento de los partidos tradicionales en Italia, también golpeados por la corrupción, coincidió con el surgimiento de otro nefasto líder populista, esta vez de derecha, que fue Silvio Berlusconi.

Pero, por otra parte, hemos presenciado cierto fortalecimiento del poder judicial, lo cual se ha reflejado en la atención que han recibido en los tribunales casos muy visibles de corrupción y de evasión de impuestos. Además, frente al aumento del escrutinio público los magistrados de la Corte Suprema de Justicia parecen menos vulnerables a presiones provenientes de líderes políticos o empresariales oscuros. Este fortalecimiento de la independencia del poder judicial le impone límites a eventuales líderes populistas locales que quisieran tener mano libre para interpretar las leyes a su manera y servirle a intereses oscuros acostumbrados a abusar de sus posiciones de poder.

Este es el contexto contradictorio dentro del cual ahora se impulsan las reformas constitucionales del sector justicia, y particularmente la reforma del artículo 209 de la Constitución, referido al nombramiento de jueces y a la carrera judicial. La pregunta clave es si estas reformas fortalecen o no la independencia del organismo judicial.

La evidencia en otros países, como España, sugiere que la refuerzan. Crear un organismo para fortalecer al servicio civil, la gestión financiera y la vigilancia del organismo de justicia, al mismo tiempo que evita que el poder legislativo sea el único responsable de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es parte inherente de la independencia del poder judicial y, por consiguiente, de una república.

¿No será por eso que los líderes populistas de la extrema derecha guatemalteca, tan visibles en el Congreso la semana pasada, no quieren que se apruebe la reforma del artículo 209? ¿No será que le temen al fortalecimiento del poder judicial, puesto que limitaría sus abusos y los de sus aliados?

¿No estaremos frente a la presencia de pequeños Berlusconis que quieren convertirse en los nuevos caudillos populistas de extrema derecha para conducirnos por un desfiladero de desigualdad, abuso y debilitamiento del poder judicial? Los diputados tienen la responsabilidad de aprobar las reformas del artículo 209 para evitar el debilitamiento de la república, algo que desearía esta extrema derecha con pretensiones populistas. Y las fuerzas políticas democráticas de izquierda y de derecha tienen la responsabilidad histórica de resguardar al Estado de derecho, organizase, plantear nuevas alternativas y mantener a estas fuerzas tenebrosas en la marginalidad.