La Corte de Constitucionalidad se ha sumado a acrecentar la incertidumbre. Una conducta que había sido propia de los últimos gobernantes y del Organismo Judicial, de demorar resoluciones importantes, ahora tiene un nuevo exponente en el tribunal constitucional.

La suspensión de operaciones de la mina San Rafael suma ya 419 días, y esto ha sido a causa de la actitud reticente de los actuales magistrados de la CC, quienes de manera inexplicable han quebrantado todos los plazos estimados en la búsqueda de justicia y se percibe una actitud de desafío a quienes reclaman celeridad en los plazos para reencauzar las actividades de la minera.

Solo los requisitos iniciales de este preocupante caso fueron cumplidos en los términos legales establecidos, pero de ahí en adelante cada etapa procesal ha registrado penosos y graves estancamientos en la resolución al respecto de las operaciones de dicha empresa.

Normalmente, cuando un caso ingresa en el tortuoso procedimiento de la CC, los plazos pueden ir desde las 48 horas hasta los seis días. Empezando por los amparos provisionales, la vista pública, apelaciones y aclaraciones, que podrían durar poco más de una semana. Sin embargo, en el caso de la minera, estos lapsos han impuesto nuevos registros y ha transcurrido más de un año sin que se sepa qué es lo que ocurre. Simplemente se atrasa una decisión en un sentido u otro.

Lo que nadie duda es que esta actitud tan parsimoniosa de la CC tiene un impacto nefasto en la actividad industrial del país y sus repercusiones se traducen en pérdidas millonarias, primero para los empresarios directamente afectados y luego para quienes dependen del ingreso hogareño por el funcionamiento de esa empresa.

Hay un efecto mucho más perjudicial, y es que esa incertidumbre también se refleja en un desestímulo a otras actividades comerciales. Esto lo revela un reciente estudio de Central American Business, según el cual la actividad industrial en Guatemala se redujo 4.6% el primer semestre del 2018, y la actividad minera es la más afectada, seguida por el sector de alimentos y bebidas.

Es claro que una actividad judicial irresoluble, unida a la torpeza de quienes desde otros sectores deben a su vez crear condiciones de confiabilidad en el país, no constituyen ingredientes saludables para atraer inversiones foráneas, e incluso los esfuerzos gubernamentales y políticos por hacer tropezar la lucha contra la corrupción están acrecentando la desconfianza.

Este cuadro se complementa, de manera ineludible, con la incertidumbre que genera el Gobierno, cuyo principal protagonista ha mantenido al país en una virtual parálisis política en la que el Pacto de Corruptos lleva todas las de perder, aunque crean que pueden salir airosos de semejante despropósito, saturado de abusos.

Pasa lo mismo con el sector justicia, donde la demora en las resoluciones desvirtúa cualquier posibilidad de confianza en el sistema y, en consecuencia, deja de ser justicia, porque no solo se ha causado un enorme daño económico a empresarios y trabajadores, sino que se acentúa la percepción sobre la disfuncionalidad de un sistema ya deteriorado.