Menuda sorpresa se llevaron este jueves los imputados en los casos Cooptación del Estado, Cooperacha y TCQ, cuando el juez Miguel Ángel Gálvez anunció que no tomaría en cuenta la declaración anticipada del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, sino que basaría su criterio en otros medios probatorios aportados por la parte acusadora, para concluir la etapa de primera declaración. Sugirió, además, al Ministerio Público que este testimonio sirva para una etapa posterior y sea público.

Con la notoria serenidad que siempre le acompaña, el juzgador anunció que la parte final de su razonamiento será presentada hasta este día, un lapso que sin duda será de expectación pública y al mismo tiempo de agonía para quienes quieren saber si serán ligados a proceso al concluir la primera audiencia.

El que el juez base su criterio en otros medios probatorios desarma los alegatos que esgrimieron los defensores de Otto Pérez y Roxana Baldetti, con el fin de descalificar las delaciones de Monzón. Antes bien, será con otros medios de prueba que el juez tiene a su alcance como argumentará a favor de la decisión que anuncie hoy.

En esta etapa, el juez Gálvez decidirá a quiénes vincula y si desliga a algunos de los señalados. No calificará las pruebas, sino evaluará si hay indicios suficientes para someterlos a proceso judicial; por lo tanto, aunque haya una vinculación de todos, muchos o algunos de los acusados, su culpabilidad debe ser determinada legalmente.

Más allá de cuál sea su resolución en esta etapa, el juez Gálvez ha hecho algo muy importante a favor del sistema judicial: respalda sus decisiones lejos de un testimonio cuyo contenido y pruebas han sido expuestos a la población desde la perspectiva de un único testigo. Por otra parte, indica que la adquisición de algunos de los bienes mencionados en el proceso obligaría a devengar por varios lustros el sueldo de los burócratas acusados, con lo cual de alguna manera se incluye la lógica dentro de las explicaciones que abraza la ciudadanía.

La ley contempla extrañas formas para impartir justicia. Debe ser ecuánime ante los hechos y ha de castigar todos aquellos actos irrefutablemente probados que atenten contra los intereses de la colectividad. Mas debe tener la lucidez para no intimidarse ante fiscales ni abogados, pues ambos grupos defienden posiciones claramente opuestas y por ello es que para el juez Gálvez todavía queda un largo camino por avanzar.

Una visión a priori de lo ocurrido ayer hace pensar que si en algún momento los imputados han estado cerca de ser ligados a proceso, es ahora. Quizá no todos, ni por los mismos cargos, pero queda en evidencia que el juez hace su mejor esfuerzo para que la ley funcione lo mejor posible y que cada paso sea seguro e irrefutable.

En esta vorágine jurídica y mediática, el debido proceso se encuentra en un momento de indudable consolidación. Gálvez es uno de los más importantes arquitectos del estado de Derecho porque ha demostrado que, como ya lo dijo anteriormente, tiene muy bien amarrados los pantalones para ejercer su cargo sin ningún temor.