Una de las más grandes equivocaciones en las que suelen incurrir los mandatarios es creer que la mejor manera de enfrentar una crisis se reduce a la consecución de recursos financieros para dotar de insumos a las unidades que afrontan problemas. Ese, si bien es uno de los más importantes ingredientes para paliar la problemática, no lo es todo.

La situación se complica cuando no se tiene una visión integral y se pretende hacer creer a la población y a los usuarios que se hacen grandes esfuerzos para inyectar fondos a las instituciones en problemas, cuando, obviamente, la solución pasa por revisar el modelo de funcionamiento, los sistemas de gestión y el flujo administrativo de recursos desde la caja del Estado hasta que el usuario recibe el servicio requerido.

Esto ocurre actualmente con la severa crisis que afecta al sistema nacional de salud. El Gobierno busca con insistencia poner parches a este asunto y anuncia haber llegado a un 70 por ciento de abastecimiento, en un malabarismo de cifras que en algún momento podrían sonar creíbles, pero no lo son cuando se repiten con insistencia, en vista de las serias carencias evidentes.

Ha llegado a niveles incomprensibles esa crisis hospitalaria, al punto de que la Procuraduría de los Derechos Humanos y varios diputados de la bancada Encuentro por Guatemala presentaron dos acciones de amparo contra las autoridades de Salud. La acción de los legisladores también va dirigida contra el ministro de Finanzas y el presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Esta última institución ha entrado desde hace tiempo en una franca decadencia en la calidad de sus servicios. Además de las acciones emprendidas por los congresistas enfrenta varios procesos judiciales mediante los cuales muchos pacientes han encontrado el camino para garantizarse recibir medicamentos de calidad que les permitan un mejor tratamiento a sus dolencias.

Sin embargo, resulta francamente inconcebible y casi inverosímil que sea necesaria la judicialización de los servicios de salud para obtener, aunque sea en forma mínima y para casos específicos, la prestación de un servicio garantizado por la Constitución. Lamentablemente, la negativa o la imposibilidad de los médicos de atender a decenas de pacientes, por falta de insumos, obliga a acudir a instancias externas a fin de asegurar lo fundamental.

Hace pocas semanas, el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, estaba al borde de enfrentar un proceso de interpelación en el Congreso, pero sin explicación este fue cancelado y como no se tuvo una versión oficial convincente se indicó que un operador del presidente Jimmy Morales había logrado ese cambio.

También se afirmó que el diputado Luis Hernández Azmitia, ponente del juicio político y también quien lo aplazó repentinamente, habría logrado obtener ventajas en la venta de medicamentos al Estado, lo cual fue desmentido después. No obstante, fuera de los juegos políticos y los afanes por captar reflectores están los pacientes que día a día acuden a las consultas públicas, donde les espera el desconsuelo, la escasez y, en algunos casos, la sorda indiferencia.