La misma semana en que la Cámara del Agro (Camagro) pidió congelar el salario mínimo del sector agrícola y que se reduzca el impuesto sobre la renta (del 7% al 3%), murió Jakeline Caal Maquin, una pequeña guatemalteca de tan solo 7 años de edad, que dos días antes se había entregado —con un grupo de 163 migrantes— a la patrulla fronteriza estadounidense.

Jakeline, como miles de niñas y niños de las zonas rurales de nuestro país, vivía en condiciones de extrema pobreza. La precariedad y el hambre obligaron a su papá, Nery Caal, de 29 años, a migrar hacia Estados Unidos.

En Raxruhá, Alta Verapaz, donde vive la familia Caal Maquin, la miseria es extendida —9 de cada 10 personas son pobres—. No hay acceso a agua potable, no hay luz, ni drenajes. La gente apenas tiene para comer. “Mi esposo se fue por la extrema pobreza, se fue por necesidad”, explicó a periodistas Claudia Maquin, la madre de Jakeline, en su idioma q’eqchi’ (AP 16/12/18).

La misma semana en que la Cámara del Agro pidió “revisar” el método de cálculo de la canasta básica para “eliminar distorsiones” en los indicadores, y así recalcular el salario mínimo, también murió María Herlinda Ruiz Tapería, de 23 años, cuando un grupo de hombres armados en Veracruz, México, atacó al grupo de migrantes en el que ella iba.

Esta joven guatemalteca dejó Cubulco, Baja Verapaz, un poblado asolado por la pobreza, junto a su hijo de 3 años de edad. “Buscó un trabajo digno y no hubo quién se lo diera. Acá no hay trabajo y los muchachos, aunque sean profesionales o licenciados, terminan yéndose”, dijo Manuel Ruiz, tío de Herlinda (Prensa Libre, 12/12/2018).

La realidad les explotó en el rostro a estos señores de la élite económica, aunque su egoísmo y voracidad les impida verlo. Sus “peticiones” son, por decir lo menos, una afrenta a la terrible situación que enfrentan millones de familias pobres en este país. Las distorsiones a las que se refieren son producto de su cinismo y de la retorcida visión de la realidad que están empeñados en hacernos creer. Sus “propuestas” son inaceptables en un país como este.

Porque no fue solo la deshidratación o los disparos de un grupo armado lo que cobró la vida de Jakeline y María Herlinda. A las dos las mató este sistema perverso que reproduce miseria, desigualdad y exclusión. A nuestras compatriotas las mató la indolencia de un gobierno incapaz y mediocre que no tiene más agenda que procurarse impunidad. Las mató la perversidad de los políticos corruptos que hacen negocios con los recursos del Estado.

Las mató la voracidad y la avaricia de la élite económica en la que prevalece una visión medieval y un modelo de acumulación que necesita miles de pobres para que haya un grupito de ultra-ricos. Ser mujeres, indígenas, pobres y vivir en el área rural de Guatemala fue para Jakeline y Herlinda una condena a muerte.

La xenofobia, el racismo, el discurso de odio y la política de criminalización contra los migrantes que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha abanderado también las hizo perder la vida. No olvidamos a Claudia Gómez —asesinada por un agente de la patrulla fronteriza en Río Bravo, EE. UU., en el mes de mayo—, ni a los cientos de bebés y niños centroamericanos separados de sus familias tras cruzar la frontera.

Jakeline, Herlinda y los miles de connacionales que dejan el país no se van porque quieren o porque no sean conscientes de los peligros que corren en el trayecto. Se van porque no les queda opción, porque no tienen nada más qué perder o porque nunca han tenido nada. Se van porque este país les expulsa y la violencia y la pobreza son su cotidianidad.

@MarielosMonzon