Guatemala está a las puertas de enfrentar una demanda internacional por contaminación de las costas del Atlántico, si las autoridades ediles de al menos 19 municipios no se involucran en el saneamiento de aguas que arrastran sus desechos en los cauces del río Motagua.

Una de las comunas más señaladas es la de Guatemala, por tener bajo su responsabilidad la mayor tarea de saneamiento, ya que, según varias de las autoridades involucradas en la problemática, este es uno de los municipios que más contribuyen en la contaminación de esas aguas.

Esto resulta comprensible porque precisamente hace poco más de una semana el Ministerio de Ambiente se había anticipado a esta denuncia generalizada y le había fijado un plazo de seis meses a las autoridades de esa comuna para que presenten un plan para el cierre del vertedero de la zona 3.

Ese es precisamente el origen de un alto porcentaje de esa contaminación, porque muchos de los desperdicios que llegan a ese botadero terminan en los ríos de aguas servidas que pasan por allí, arrastran toneladas de basura y posteriormente se unen a otros caudales que desembocan en el Motagua.

El colmo es que hasta ahora ninguna autoridad ha logrado hacer que en la búsqueda de soluciones a la problemática participe el alcalde capitalino, pues solo se ha limitado a enviar a representantes para demorar cualquier solución, ya que estos no pueden tomar ninguna decisión.

Una absoluta irresponsabilidad que ha sido denunciada por todos los que han participado en las discusiones para buscar soluciones a esa descomunal fuente de contaminación, sobre todo cuando se ven las montañas de basura que se acumula en el barranco de la zona 3, donde han fracasado las medidas para contener tal desborde de desechos que, irremediablemente, terminan en el mar.

Por ello es también importante que las autoridades del Ministerio de Ambiente se mantengan firmes en sus exigencias de un plan creíble y medible para el cierre del basurero, porque constituye un lunar en el centro de la metrópoli, una anomalía que incluso la Constitución obliga a corregir, por los riesgos adicionales para la salud y el ambiente.

Esto, por supuesto, requerirá de la participación del Gobierno central, porque cualquier solución trascenderá a las autoridades locales, pero lo que no se debe permitir es que antepongan excusas y tácticas dilatorias para resolver un problema cuya solución compete directamente al alcalde Álvaro Arzú, esencialmente porque lleva años dándole vuelta a ese problema.

Hoy, las circunstancias son otras y siendo el basurero de la zona 3 un problema que trasciende los límites del municipio central e incluso ya ha rebasado fronteras, se debe actuar con firmeza antes de que ese bochorno termine en un reclamo internacional.

Guatemala no tiene por qué pagar las consecuencias de tanta negligencia edil, y el resto de alcaldes involucrados en la búsqueda de soluciones deben tener también un respaldo adecuado.