El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se acaban de apuntar un nuevo éxito en su larga batalla contra la impunidad, al esclarecer los móviles que habría tenido un diputado del partido oficialista para ordenar el asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez.

El mortal ataque, perpetrado en marzo del 2015, habría sido orquestado por Julio Antonio Juárez Ramírez, hoy en día diputado del partido FCN-Nación, para asesinar al periodista Danilo Efraín Zapón López, quien era corresponsal de este periódico. En el atentado, a plena luz del día y en público, también falleció el comunicador Federico Benjamín Salazar Gerónimo, corresponsal de Radio Nuevo Mundo en Suchitepéquez.

Las diferencias entre el periodista Zapón López y el diputado Juárez Ramírez se habrían originado por divergencias políticas en plena campaña electoral del 2015, cuando el hoy congresista dirigía las bases del partido Líder en Suchitepéquez y era el alcalde de Santo Tomás La Unión. Buscaba y logró una curul con ese partido, que al descalabrarse hizo que muy rápido se convirtiera en uno más de los tantos tránsfugas que se arrimaron al partido oficialista.

Por tratarse de un crimen de alto impacto, esta segunda etapa de las investigaciones se desarrollaron con celeridad y algunos de los medios de prueba en poder de las autoridades sustentan la solicitud de que se le retire el antejuicio al diputado Juárez Ramírez, por considerar que los hechos lo incriminan en el asesinato de los dos periodistas.

Este hecho de sangre demuestra el enorme riesgo del ejercicio periodístico, porque en la provincia los comunicadores resultan ser mucho más vulnerables que en la capital. Allí los funcionarios bravucones e irresponsables lanzan constantes diatribas y amenazan con juicios de imprenta que luego no continúan al darse cuenta de la imposibilidad de ganarlos. En los departamentos, lamentablemente, la bravuconería se convierte en criminalidad, como es el caso de los periodistas ultimados frente a numerosos testigos y en el parque de Mazatenango.

La gravedad de este hecho también ha permitido conocer con un poco más de detalles el funcionamiento de una estructura criminal cuyas acciones podrían haber continuado si de por medio no hubiera estado la muerte de dos reporteros y la certera investigación por parte de las autoridades, lo cual permitió evidenciar lo letal que pueden ser los políticos cuando tienen a su servicio a sicarios capaces de eliminar físicamente a cualquier persona.

En relación con estos hechos, resultan desafortunadas y absurdas las declaraciones del dirigente oficialista y diputado Javier Hernández, quien en un  discurso cantinflesco calificó la acusación contra Juárez Ramírez como una forma de presión por el caso de antejuicio que el Legislativo dilucida sobre los señalamientos que pesan contra la magistrada Blanca Stalling. Por su parte, el presidente Jimmy Morales, a preguntas de los reporteros, optó por declarar que no haría ningún comentario sobre el legislador cuestionado, como si el caso se tratara de un evento político y no de un vil ataque que cobró la vida de dos periodistas.