El Ministerio de Finanzas Públicas tomó una medida administrativa que consiste en el traslado de los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo desde la Tesorería Nacional directamente a las tesorerías de las municipalidades. “Una medida de eficiencia administrativa” señalan. Se argumenta que canalizar los fondos directamente a la tesorería municipal permitirá terminar las obras que han quedado a medio hacer y se mejorarán los niveles de ejecución de los recursos que se asignan a los CODEDES, normalmente sub ejecutados y mal ejecutados.

Cuando vi esta noticia, mi reacción inmediata fue pensar que había comenzado a sonar el réquiem para los CODEDES, único engranaje del Sistema de Consejos de Desarrollo que recibe transferencias financieras del gobierno central para impulsar acciones donde la ciudadanía tiene algún nivel de incidencia en las decisiones sobre gasto público. Luego pensé que a la mejor no; que como suele suceder, las entidades permanecen, aunque se les vacíe de contenido o se les cambien arbitrariamente las reglas del juego.

Ciertamente, la medida elimina algunos “intermediarios visibles” de los procesos opacos que caracterizan la ejecución de la obra pública, pero a la par, concentra más poder y recursos en los alcaldes, que acrecentarán la competencia por quedarse con la mayor tajada de esos fondos, sin que ello represente necesariamente una mayor cuentadancia. Basta recordar lo que señaló el Contralor General esta semana, acerca de que las municipalidades continúan siendo uno de los entes más opacos de toda la administración pública. Nada asegura que esta medida acabará con las transas, los sobreprecios y el engaño con la calidad de la obra pública. No se olviden que los alcaldes manejarán ahora cerca del 40% del total de los recursos disponibles para inversión pública que tiene el Estado.

Más allá de la dimensión de los recursos y la transparencia, está la dimensión política que entraña en este país el hecho de controlar tantos recursos públicos, territorios y poblaciones con el nivel de discrecionalidad y arbitrariedad que lo hacen estos personajes de la política.

En ese marco, esta medida puede interpretarse como un signo del primer pisotón que se da al acelerador en la carrera rumbo a las elecciones 2019. De allí que una medida “inocente”, vista desde la perspectiva política, ya no resulta tan inocente. Permite dotar a los alcaldes de más recursos para consolidar plataformas territoriales, sin incrementar el déficit fiscal.

No es pensar mal por gusto. Recuerden que los alcaldes juegan un papel fundamental para la movilización electoral en los territorios tanto para su propia reelección como para las figuras nacionales que competirán en 2019 por sus partidos: candidatos presidenciales y a diputados.

No sé qué le parezca a usted, pero a mí esta reflexión me ayuda a explicarme por qué este cambio en el mecanismo de administración financiera en los CODEDES pueda tener molestos a los gobernadores y hasta a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), pero no causó mayor estridor ni revuelo en el tinglado político nacional.

Sí reverbera entre las organizaciones de sociedad civil y las representaciones de mujeres, jóvenes, indígenas, a quienes tanto les cuesta lograr apoyo financiero para sus proyectos y que ahora se preocupan de que sus iniciativas se sometan a nuevas exigencias. Si ya vivían el clientelismo político en los CODEDES, con esta medida, verán la concentración de esa práctica en un solo interlocutor. Y ya sabemos todos lo que significa lidiar con alcaldes que se creen reyezuelos.

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