Hace unas tres décadas, cuando las tendencias neoliberales y de privatización a las que nos sometieron los patrones poderosos y las oligarquías servilistas con el pretexto de estar de moda  terminaron con la estructura organizacional del Estado, que tenía la misión de dar mantenimiento al patrimonio de infraestructura, propiedad del pueblo,  deja la duda de si fue planeada para provocar  este caos o fue la deficiencia del ensayo de una reingeniería mediocre.

Hicieron desaparecer entidades que tenían definida su misión y como parte de la corrupción crónica implantaron plagas que fueron carcomiendo sus funciones que permitieron argumentar que eran instituciones obsoletas y desgastadas para implementar otras de manera estratégica para castrar los recursos del Estado, en contubernio de la privatización, para dar cabida a la elite poderosa y llegar a constituirse en comparsa de los tomadores de decisiones y obtener dividendos económicos perversos y anómalos.

Vale recordar a la organización de grupos de camineros, que formaban parte de la Dirección General de Caminos, la cual aún existe, y que tenían como misión dar mantenimiento a las carreteras, en donde las cuadrillas de peones, dirigidas por los caporales, realizaban el trabajo de limpiar cunetas, transversales y bacheo, aunque la carretera fuera de terracería, auxiliados por los cowboys de maquinaria cuando era necesario.

En honor de ellos aún resuenan las notas musicales de marimba que interpretan que interpretan la melodía Alegres camineros que trabajan con afán…, que con entrega laboral conformaban las llamadas Zonas de Caminos en las distintas áreas del territorio nacional, para tener reacción inmediata y dar mantenimiento a las distintas vías.

En la actualidad, esta misión se le ha encomendado a la iniciativa privada, bajo la sombra de Covial, cuya irregularidad y deficiencia nos quedan a deber, a pesar de que cuenta con recursos asignados para cumplir con esa responsabilidad.

Paradójicamente esta misión se le ha endosado al Ejército de Guatemala, que tiene otra misión, como lo señala el artículo 244 de la Constitución de la República, siendo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el responsable, como lo señala el artículo 30 de la Ley del Organismo Ejecutivo, en donde indica sus funciones y atribuciones, siendo eclipsado en su misión de organizar, dirigir, evaluar, planificar y supervisar el funcionamiento para el óptimo mantenimiento de la infraestructura, patrimonio del Estado.

Sumado a lo anterior debe considerarse el mantenimiento de la infraestructura en el sector salud, monumentos históricos, museos, aeropuertos y, sobre todo, la escolar, ya que las escuelas constituyen un inminente peligro para la población estudiantil. La alerta roja se mantiene en el puente Belice, puente de Río Dulce y otros a los que jamás les han dado mantenimiento. ¡No se puede repetir ese sacrilegio!

¡Ya basta! No se debe tener la injerencia de agentes ajenos al Estado en el esquema organizacional y/o transferir funciones y atribuciones entre los ministerios, las cuales ya están establecidas en las leyes respectivas.

Se debe eliminar la práctica de negociar con las empresas privadas, las cuales hacen uso de artimañas para pisotear la ley de compras y contrataciones para lograr beneficios espurios del erario nacional, como ya quedó demostrado.