No se puede decretar que dejen de caer rayos. Tampoco se puede legislar la intensidad de la lluvia. Las leyes no resuelven asuntos sobre abasto real de recursos naturales. La urgencia de realizar obras de embalse, encauzamiento y saneamiento del agua implica un plan y la ejecución anual de un presupuesto durante varios gobiernos.

En 1888, José Manuel Balmaceda canalizó el Río Mapocho, en Santiago de Chile. En 1807, en EE. UU., se propuso un canal para conseguir salida del Lago Eire. En 1825 se inauguró el canal que conecta los grandes lagos con la ciudad de New York. En la Gran Bretaña, el duque de Bridgewater, hizo navegables a los ríos Mersy e Irwell, en 1761. En el siglo XIX, más de seis mil kilómetros de agua canalizada escurrían, en esa isla. En China, toda ciudad tiene un lago artificial. Europa, donde discurren grandes ríos, tiene un sistema de presas y canales muy extenso.

Las fechas internacionales, son importantes para demostrar la falta de visión de quienes han gobernado el país, en aspectos relativos al cuidado de ríos y lagos. Los pocos embalses de envergadura existentes en el país, son seis: Santa María, Jurún Marinalá, Los Esclavos, Río Negro o Chixoy, Aguacapa y Canadá. Para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica son 34, utilizados para la generación de energía.

La falta de agua debido al cambio climático debe ser resuelta ahora, si se desea una calidad de vida alta para la población del país. Existen varias razones para evitar afrontar o tergiversar esa carestía a ocurrir en fecha distante pero segura.

El gobierno ha abandonado el emprendimiento, acepta convertir, a todo asunto en lucro. Sin embargo, los adinerados solo invierten en materias donde se garantiza un retorno rápido de lo gastado. Los infortunios venideros no les interesan, prefieren lo inmediato.

Los extranjeros no son solución después de grandes fracasos. Hay empresas de capital monopólico involucradas en el negocio del agua a nivel mundial. Para invertir exigen que exista una legislación favorable a la privatización. Un caso muy difundido en el continente, son las llamadas guerras del agua que conmocionaron a Bolivia, cuando se pretendió convertir en dominio privado hasta la lluvia. Se acusa al Banco Mundial de la propuesta privatizadora. Solo oprobio cosecharon varias corporaciones mundiales de ingeniería civil, tales como la norteamericana Bechtel, la española Abengoa, la brasileña Petricevich y hasta la estatal israelí Mekorot, entre otros muchos señalamientos. Al final, graves convulsiones sociales enfrentaron al gobierno con los ciudadanos indignados para frenar a quienes pretendían adueñarse de un bien colectivo. Por lo tanto, debe resolverse con inversión pública.

Atender el problema, no es un llamado histérico. Cierto, el país es rico en ese recurso. Se pueden definir zonas que van desde las 800 a 3,000 m3 anuales. No obstante, el ensanchamiento territorial del límite inferior es previsible, así como la demanda de agua potable por el urbanismo creciente.

Por lo tanto, debe haber una preparación para futuras carestías. Deben encauzarse y represarse, los grandes ríos: Motagua, Selegua, Negro, Cahabón, Polochic etc. Obviamente, la inversión es tan grande que no puede realizarse en el corto plazo, y responsabilizar sólo a las municipalidades. En consecuencia, se debe tener un plan donde se abandone la dejadez de tantos años. Debe ensancharse la red de abasto de agua potable. La ciudadanía debiera exigir a los candidatos en las próximas elecciones generales que expresen su programa de inversión pública para atender el asunto.

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