Los episodios de horror que surgen del testimonio en anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, son el mejor acicate para mantener viva la protesta en contra de las estructuras mafiosas incrustadas en instituciones pública o autónomas y exigir, en consecuencia, la elección de un fiscal general que no permita el retroceso en la lucha contra la corrupción.

Ayer, centenares de integrantes de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, que aglutina a una serie de colectivos sociales, protagonizaron una marcha de protesta contra el modelo prevaleciente, en el que la corrupción ha sido el denominador común de los últimos gobiernos, ante lo cual demandaron cambios y compromiso de las autoridades.

Una de las primeras demandas, a su paso por la sede del Poder Judicial, fue exigirle a la comisión evaluadora de los expedientes para elegir al próximo jefe del Ministerio Público que elija candidatos idóneos, alejados del servilismo politiquero, para que el presidente Jimmy Morales seleccione a una persona aceptable.

Las voces de protesta también se dirigieron al Congreso de la República, donde demandaron que los diputados no legislen a favor de la impunidad ni impulsen leyes que criminalicen la protesta, ante el impulso de varias iniciativas que supuestamente buscan castigar al terrorismo o a las pandillas, aunque en el fondo el verdadero y oscuro objetivo es maniatar las voces que se alzan contra todo tipo de abuso de poder.

Estas protestas, que han sido una constante desde el desbaratamiento de redes criminales bajo la guía de cuestionados líderes políticos, tienen como objetivo hacer que la Postuladora haga sus mayores esfuerzos por presentar una lista de candidatos idóneos para que Morales elija como sustituto de Thelma Aldana a alguien que acreciente los logros alcanzados.

Ahora mismo la Comisión ha sembrado mayor incertidumbre sobre el proceso porque ha dejado fuera a figuras comprometidas en la lucha contra la corrupción o de larga trayectoria en el ámbito legal, pero ha favorecido a otros aspirantes o incluso actuado como ayer, cuando algunos de los comisionados intentaron descartar las objeciones contra uno de los candidatos.

Ese crucial proceso puede ser el detonante para la reactivación de más protestas, porque ya suenan nombres de algunos que, tras compromisos previos, podrían ser favorecidos en la designación definitiva. Esto puede ser un desastre para el sistema de justicia y algo contraproducente para el mismo mandatario, quien no parece ser consciente de la encrucijada en a que se encuentra.

La exigencia por elegir a un fiscal intachable encuentra su justificación en los excesos en los que incurrieron los anteriores gobiernos y que no han cesado. Los escabrosos detalles son expuestos por quien fuera uno de los hombres de mayor confianza del régimen patriotista, en cuya gestión el abuso se generalizó en todos los ministerios. A eso es a lo que los manifestantes que recorrieron ayer la capital demandan que se le ponga coto, porque ya son muchos los abusos cometidos por seudopolíticos convertidos en gobernantes.