En Guatemala nos mantenemos en un estado de incertidumbre que es producto de la incertidumbre del Estado. Basta ver la crisis generada por la corrupción desmedida del gobierno del Partido Patriota, con la utilización de cuerpos ilegales a través de los que se aprovecharon del Estado y de sus recursos.

Lo que esta crisis también manifiesta es lo profundo de estos cuerpos dedicados a la corrupción, pero además hace pensar sobre los círculos de responsabilidad que existen alrededor de los mismos. Hoy encontramos, tal y como veníamos mencionando desde hace mucho tiempo, que el monopolio de la televisión y sus múltiples otras inversiones en medios de comunicación llegaron a desarrollar un poder político totalmente desmedido que les permitía manipular procesos electorales, determinar la composición del Congreso, apoyar a varios partidos políticos y candidatos a la Presidencia para obtener de todos ellos compromisos a futuro. Todo esto sucedió con el mayor descaro y cada vez con una mayor influencia política por parte del monopolio mediático que podía llegar a determinar hasta la composición del Congreso.

Los gobiernos, tanto nacional como municipales, gastan enormes sumas en publicidad innecesaria a cambio de que los medios de comunicación tradicional y el Congreso mantuvieran su oposición a generar un espectro de diversidad y pluralismo mediático (diversidad de medios, pluralismo de ideas) que es absolutamente necesario para defender la libertad de expresión y la democracia. En particular se opusieron e incluso criminalizaron a los medios de comunicación comunitaria, especialmente en zonas rurales e indígenas. Esto debe corregirse de inmediato, antes de que se dé el proceso de transición digital de los medios de comunicación audiovisual.

Hoy que la Cicig y el Ministerio Público han logrado determinar su responsabilidad directa en campañas de corrupción mediática, legales e ilegales para apoyos electorales, y han girado las primeras órdenes de captura, es el momento preciso para que el Congreso de la República se vea obligado a legislar rompiendo los monopolios y estableciendo mecanismos que garanticen el espectro radioeléctrico de comunicación, represente la diversidad y pluralismo del país necesarios para una democracia, y se establezcan también las garantías suficientes para que estos fenómenos de concentración no se vuelvan a repetir.

La corrupción es un fenómeno mundial que está provocando estragos en las economías de los pueblos y cuestionando severamente los niveles de liderazgo político en el mundo que no da señales de estar dispuesto a enfrentarlo. Los grandes avances en la tecnología de la comunicación se esperaba que facilitarían los procesos de convivencia pacífica e incrementarían los niveles de productividad; sin embargo, en casos como el de Guatemala, terminaron profundizando la polarización económica, acentuando la corrupción y los extremos de riqueza y de pobreza.

El gran desafío de todos los guatemaltecos es hacer de la justicia y la equidad la base fundamental de la convivencia social y del desarrollo y poner nuestro mejor esfuerzo por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado que permita reencauzar al país.

Felicitamos en particular al comisionado y al personal de la Cicig, a la Fiscal General y al personal del Ministerio Público, así como a los jueces, por la valentía de cumplir con su misión y enfrentar estos desafíos. Esperamos que la institucionalidad de justicia de Guatemala tenga la fortaleza de cumplir con su mandato institucional y su misión histórica.

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