Desde hace poco más de dos años somos testigos de un importante esfuerzo en la lucha contra la corrupción (un flagelo enquistado en todas las esferas de la sociedad) liderado por el trabajo del Ministerio Público en coordinación con la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), y teniendo como referente emblemático las protestas ciudadanas de 2015.

No es secreto ni tampoco exclusivo el sentimiento de complacencia que produce en los guatemaltecos los primeros resultados de un trabajo sistemático desde las instituciones encargadas de la investigación penal, aun cuando el ritmo de los procesos no vaya con la velocidad que se quisiera. No es para menos, durante décadas, se ha escuchado el clamor contra la corrupción y la impunidad.

En medio de la aprobación general de la ciudadanía hacia los avances que comienzan a vislumbrarse, no han faltado voces que han salido a la defensa del viejo sistema de hacer política y negocios, aduciendo que esa lucha contra la corrupción y la impunidad, visible con el procesamiento de exfuncionarios públicos del más alto nivel, personas particulares y reconocidos empresarios del país, es un mal mensaje y, por ende, aleja la inversión.

En primera instancia, la acción de persecución penal en contra de las redes de corrupción puede generar inquietudes entre empresario e inversionistas, a largo plazo esta apuesta del país es un claro mensaje hacia el exterior respecto al compromiso de transparentar y fijar reglas de juego claras, certeza jurídica y fortalecimiento institucional.

Entre los diferentes factores que giran alrededor de los análisis de negocios, son los aspectos de largo plazo los que tienen preponderancia a la hora que un inversionista analiza y decide invertir.

Junto a esa lectura de transparencia y reglas claras, hay otros factores importantes que el inversionista toma en consideración y donde el país tiene una necesidad de avanzar. Podría mencionarse entre estos, los mecanismos que faciliten el comercio, la agilidad de los trámites burocráticos para abrir una empresa; la calidad de la infraestructura vial, la seguridad, la capacidad de banda ancha de internet y la simplificación tributaria.

Más allá de las implicaciones en atracción de inversión y negocios, la lucha contra la corrupción e impunidad es decisiva para el fortalecimiento de la institucionalidad y a la mejor prestación pública de servicios básicos, mismos que redundarán en mejores oportunidades de crecimiento y empleo, la reducción de la pobreza y en el aumento de la productividad.

Al final, estos aspectos permitirán convertirnos en un país competitivo y favorable para la inversión. Se trata de un círculo virtuoso favorable para el progreso del país. Y que genera oportunidades de hacer negocios con métodos innovadores.

Un país como Guatemala, pierde más oportunidades con los problemas estructurales que con los procesos de coyuntura, ya que los inversionistas serios, se fijan más en la certeza de que brinda el cumplimiento de sus obligaciones frente a los costos que implica lidiar con los riesgos de sistemas corruptos.

Pero, además de los daños económicos y políticos, debe preocuparnos más el impacto social de la corrupción, porque constituye un obstáculo para el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza y el logro de una sociedad justa.

De ahí que no solo debemos aplaudir el trabajo que realizan las instituciones en materia de investigación y persecución penal, sino también sumarnos a los esfuerzos, desde nuestras acciones éticas cotidianas, y así recuperar la confianza en la institucionalidad y reinventar el liderazgo político.