Se encuentran aún en manos del Congreso de la República posibles cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y desde la ciudadanía resuenan voces sobre la necesidad de incluir una visión legal y social más profunda, que permita un verdadero ejercicio democrático y de legítima representación popular.

Estamos en el punto de no retorno para cambiar dicha norma con el fin de que sean verídicamente los ciudadanos quienes elijan a sus representantes y no poderes paralelos o fácticos.

En menos de dos años, seis millones de guatemaltecos en condiciones de votar irán a las urnas con miras a renovar su representación en el Congreso y en el Ejecutivo, con la esperanza de impulsar una agenda de desarrollo para el país.

Desde que se inauguró la era democrática en Guatemala, hace poco más de tres décadas, los ciudadanos mayores de 18 años que cumplen con los requisitos de ley, concurren a los centros de votación. Muchos de ellos hoy son adultos mayores, que han visto con decepción cómo la secuencia de gobiernos no ha cumplido con sus periódicas y predecibles promesas.

Todo parece indicar, a la luz de los recientes procesos de investigación penal relacionados con la corrupción, que el sistema político se ha desvirtuado a partir de los vacíos en la ley, llevando a un debilitamiento a la democracia, crisis política y de gobernabilidad; pérdida de legitimidad de la representación y el incumplimiento de la función del ejercicio público.

Ya hemos escuchado que los partidos se han convertido en feudos de cacicazgos cuyo objetivo es lograr beneficios económicos sectarios, grupales o personales a costa del bienestar de la población. De ahí que el país esté retrocediendo en muchos aspectos de desarrollo humano y, cuando menos, está estancado en una serie de indicadores de progreso.

Y es que los que tienen el verdadero don y las capacidades técnicas para servir no tienen la oportunidad de hacerlo. Un verdadero servidor público no anda tras el dinero, no se aprovecha del poder para tener dos o más plazas. Por otro lado, los posibles buenos servidores no tienen capital para crear partidos ni están dispuestos a aliarse con figuras oscuras para tener uno. Actualmente, un partido político requiere financiamiento fuerte; esto debe cambiar. Proteger a nuestros representantes de las garras del financiamiento ilícito debe ser una prioridad, y esto se puede lograr si la parte financiera pierde protagonismo.

Quizá antes había una ciudadanía menos informada y no hubo esfuerzos por detener el deterioro del sistema político. Pero hoy existe una mayor madurez cívica y hay voluntad de cambiar el fundamento legal que permitió la distorsión. Por eso no extraña la resistencia de los grupos de poder paralelos que han puesto en marcha su maquinaria de desinformación y terror para evitar no solo perder sus privilegios espurios, sino tener que rendir cuentas a la justicia.

¿Queremos realmente una sociedad democrática? ¿Deseamos un ejercicio genuino de ciudadanía? ¿Queremos hacer de la democracia nuestra plataforma de desarrollo y progreso social? Entonces estamos en el momento inaplazable para unirnos y demandar un cambio de las leyes del juego.

Debe existir una participación más amplia y accesible, así como una rotación en igualdad de condiciones, a partir de la transparencia del financiamiento, democracia en la nominación y elección de candidatos.

La opacidad en el financiamiento ha creado un monstruo clientelar, con fines de lucro y proclive a la corrupción. ¡Eso debe cambiar! El Congreso tiene la oportunidad de resarcirse al abrir una nueva era política para el país con cambios que permitan la generación de un nuevo horizonte de país.