Los guatemaltecos nos caracterizamos por ser legalistas en extremo. Entendidos en la materia insisten en que el Congreso de la República en lugar de crear más decretos e instrumentos legales que normen hasta el modo de caminar de los chapines, emprenda la tarea de eliminar leyes inútiles, sea por obsolescencia (tránsito de vehículos tirados por bestias) como por ser notoriamente inaplicables (Ley de Transparencia).

Las leyes son importantes para regular asuntos sobre la convivencia en sociedad. Suelen ser definidas según los valores dominantes, incluidos intereses creados de grupos de poder, políticos y religiosos. La Constitución Política de 1985 enuncia la existencia de un Estado laico que garantiza libertad religiosa y de pensamiento. Sin embargo, favoreció a la iglesia católica; de ahí su Artículo 3°, del Capítulo I, Título II: “El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.

El aborto es un tema que se exacerba desde todos los ámbitos: tabú en torno a la sexualidad, ignorancia y discriminación en contra de las mujeres en función de nuestro arcaico machismo y se sustenta en concepciones religiosas, de salud, educación y desarrollo tergiversados, cubiertos por un manto de hipocresía.

Según estudios de hace más de diez años, se practican 65 mil abortos inducidos al año. Su costo varía entre los Q.60 que paga una campesina por productos baratos para auto inducirlo, a más de Q.3,500 que una mujer urbana paga a un médico privado por un aborto seguro. La mayoría obedece a embarazos no deseados, producto de la violencia y abuso que las mujeres hoy, no están dispuestas a ocultar, pese los altos índices de analfabetismo y falta de apoyo de ese Estado protector enunciado en nuestra constitución.

Días atrás, la embarcación de la ONG Women of Waves, organización dedicada a ofrecer abortos seguros a mujeres que lo requieran en los lugares a donde van, estuvo en la costa del Pacífico.

Un abogado que consideró que el Organismo Ejecutivo no estaba cumpliendo con su tarea de proteger a los guatemaltecos frente la insensata presencia de la ONG, interpuso un amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad. Esta resolvió para que el presidente de la República, el ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa resguardaran la vida y nuestros derechos humanos. Se sumaron Migración y la Fuerza de Mar con base en el Puerto de San José, dando 72 horas a la embarcación para retirarse so pena de ser expulsados y remolcados fuera de nuestras costas.

Los diputados, junto a religiosos y cuantos quisieron hacerlo, también criticaron la osadía olvidando que la vida de cientos de miles de guatemaltecos, una vez nacidos, queda sujeta a la indolencia del Estado evidenciada por la falta de atención médica, altos porcentajes de desnutrición infantil, escasez de escuelas, ausencia de la refacción escolar y un interminable etcétera que impiden el desarrollo normal del cerebro de aquellos infelices.

Entonces, ¿A qué viene presumir de tanta hipocresía?

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