No sé realmente si nos hemos dado cuenta, como sociedad, de lo que está pasando. No tenemos presidente en el Ejecutivo; lo más rancio y conservador de la sociedad no logra ver que nuestra democracia y nuestro futuro están en juego; y el Congreso le ha dado un par de estocadas finales a la incipiente Guatemala. A esto le llamo yo un pacto de corruptos y serán nuestros hijos y nietos los que acarrearán con las consecuencias del mismo.

Jimmy Morales se vendió a 104 diputados que de aquí en adelante podrán hacer con él lo que quieran, lo cual incluye ponerle destino a los fondos de los dos préstamos —uno por 145 millones y el otro por cuatro mil millones de dólares— que ha solicitado Morales a un organismo financiero internacional. Esos 104 diputados son parte de ese pacto de corrupción, y no solo archivaron la posibilidad de un antejuicio a Morales por financiamiento ilícito cuando fue secretario de su partido, sino que se protegieron ellos mismos de enfrentar procesos judiciales. Y ayer, antes del feriado del 15 de septiembre, como suelen hacer los cobardes que representan a esa vieja política mañosa criollo-finquera, en contubernio con su patronal, 111 diputados le dieron trámite, a toda marcha, a reformar el delito de financiamiento electoral ilícito. En pocas palabras, si los financistas asumen desde el inicio su responsabilidad de haber incurrido en este delito, les bajan la pena a la mitad y les pueden dar medidas sustitutivas; los secretarios generales de los partidos ya no serían responsables por recibir tal financiamiento, y los delitos derivados serían únicamente considerados como faltas administrativas. Además, quienes reciben más pena por el delito serían los contables (¡!). Se autorrecetaron amnistía todos los corruptos.

No sé qué siento más, si náusea, tristeza o cólera. Tenemos muchas leyes urgentes que pasar y aplicar, como, por ejemplo, la del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, iniciativas que se engavetan y dilatan en el Congreso. Y sin embargo, esta reforma pasó en poco tiempo, como pasa lo que le molesta a la democracia, a la ciudadanía honesta, a nuestra intención de futuro. No tenemos nada que celebrar este 15 de septiembre.

En estas condiciones, nos acercamos a dos elecciones fuertes: la de la próxima persona que ocupará el cargo de Fiscal General, y las elecciones de 2019 para elegir nuevas autoridades de gobierno y diputados. Ese frente que se ha conformado alrededor de la corrupción, la polarización y la remilitarización de la sociedad, también lo sabe. Sabe además que, para Estados Unidos, la seguridad en su patio trasero es fundamental y que ese país tendrá los ojos puestos en las elecciones de Fiscal General, más que en ninguna otra. Por su parte, la sociedad guatemalteca está cansada, y me refiero a toda, la del campo y la ciudad, porque esta corrupción nos toca la vida, la bolsa, el hambre y la impotencia.

No son la Cicig, el MP ni sus representantes quienes tienen la culpa de que nadie quiera invertir ahora en Guatemala. Es este orden corrupto el que impide que, inversionistas con cierto nivel de decencia, encallen en nuestro paraíso de impunidad. Los inversionistas que no vienen porque se está haciendo justicia, que no vengan nunca. Queremos inversionistas que nos ayuden a fortalecer nuestra democracia, no los que vienen a destruir más al país. Así que son los malos políticos, los malos empresarios, los malos sindicalistas, los malos militares, los malos abogados y la parte de la sociedad que se ha hecho cómplice de este pacto quienes están impidiendo que los capitales decentes entren a Guatemala. Ante esta corrupción sistémica, inherente sobre todo al actual sistema electoral y de partidos políticos, le debemos especial gratitud por un legado de vergüenza, impunidad y miseria.

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