Al igual que en su muy corta vida incurrieron juntos en innumerables tropelías, también de la mano se fueron a la tumba los partidos políticos Líder y Patriota (PP), oficialmente cancelados desde el pasado lunes con la publicación del fallo definitivo del Tribunal Supremo Electoral, que de esa manera y como debe ser castigó el haber sobrepasado el techo de la campaña electoral y las irregularidades financieras.

Este es el primer caso en que dos agrupaciones políticas pasan a engrosar el cementerio de los partidos políticos por infracciones legales. Ocurre en el marco de una muy imperativa batalla contra la corrupción, y con nuevas autoridades al frente del TSE, que le han dado el plausible y debido cumplimiento a la ley, sobre dos agrupaciones caracterizadas por sus reiterados abusos de poder y el irrespeto a la autoridad.

La medida envía un alentador mensaje, y los políticos deben tomar nota, para no cometer abusos al confundir el ejercicio del poder con un cheque en blanco para incurrir en desmanes de todo tipo. Es necesario recordar que en circunstancias muy similares se encuentra el actual partido de gobierno, FCN-Nación, porque ha incumplido con la entrega de los reportes financieros.

En este caso está involucrado el presidente Jimmy Morales, quien fungía como su secretario general, y por ello es urgente que el ahora partido oficial esclarezca de la manera más convincente y verídica los reportes sobre financiamiento para la campaña de la agrupación, que incluso llegó al ridículo de afirmar que perdió la pista de su contadora.

En lo inmediato procede que desaparezca todo vestigio de las agrupaciones PP y Líder, pues debe considerarse que su cancelación obedece a una conducta impropia en las lides políticas, y debe prevalecer un mínimo de decencia de parte de todos los involucrados en el cumplimiento de lo establecido.

Esta tarea debe continuar en el Congreso, donde representantes de ambas agrupaciones políticas pretenden conservar privilegios económicos y otras prebendas, gracias a mantenerse como bancadas de partidos ahora inexistentes. Es de lógica elemental que no se justifica de manera alguna prolongar el beneficio a los herederos del abuso y el irrespeto a las normas.

No debe existir ningún privilegio para quienes pretenden conservar las prebendas de agrupaciones que se habían confabulado para manipular a su antojo a instituciones y personas, como ocurrió con muchísimos nombramientos de dignatarios, entre ellos los actuales titulares de la Corte Suprema de Justicia, de la cual tres integrantes enfrentan procesos judiciales.

La diputada Stella Alonzo, quien lucha por mantener ese estatus, debe entender que su renuncia a los privilegios de representación de un partido legalmente cancelado es obligada. Además, porque es a todas luces inmoral la búsqueda de prebendas y granjerías para quienes actuaron al margen de la ley. Las bancadas de los partidos ahora inexistentes ya no tienen razón ni sustento legal para su existencia y deben desaparecer. Intentar la prolongación de beneficios es también una clara muestra de inmoralidad personal y política.