Entre estrategias geopolíticas, teorías de conspiración, proyectos buenos o mal habidos, ni idea de hacia dónde va el mundo, pero lo que sí es que por fin se ha firmado el famoso Acuerdo de Escazú sobre el derecho de acceso a la información ambiental y a la justicia ambiental.

Muchos de nosotros nos preguntamos ¿por qué se malinterpreta nuestra misión aduciendo que queremos frenar el desarrollo? Siempre he insistido en que el desarrollo debe ir de la mano con la protección ambiental y no debiera considerarse un obstáculo.

Hoy, los países de América Latina y el Caribe han firmado un acuerdo que garantiza la integridad física, moral e intelectual de quienes luchan por proteger el medioambiente y así estén libres de amenazas, restricciones e inseguridad. Se llama Acuerdo de Escazú, donde se implementan medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra ambientalistas. Existe razón para este acuerdo, pues ha habido muchos casos de ambientalistas que luchan por una legítima causa y resultan lastimados en el camino.

El Acuerdo de Escazú —primero en el mundo— incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Es el único acuerdo multilateral, jurídicamente vinculante, derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20).

Gracias a este acuerdo regional, los ambientalistas tendrán ahora acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La dimensión de lo que abarca es exponencial y de valor incalculable, pues vincula los marcos mundiales con los nacionales.

Según el documento, facilitará el acceso a la información a más de 500 millones de personas, por lo que desborda mi imaginación en cómo sera esto posible, y si en realidad frenará el derroche de la ilegitimidad de acciones en la región. Lo interesante es que con este acuerdo los gobiernos estarán presionados a ofrecer apoyo, asistencia legal, acceso a la información, participación o justicia a las organizaciones ambientalistas y personas que luchan por el planeta.

En dicho acuerdo los grupos más vulnerables —en situación de pobreza— estarán incluidos en los procesos de toma de decisiones ambientales que les afecten directamente. Sin embargo, la otra cara de la moneda está por verse, ya que inútil sería que surgieran grupos de poder entre las mayorías o minorías que fueran políticamente inducidos a atacar todo aquello que no convenga a cualquier otro grupo buscando poder. Lo que habrá que cuidar es que no haya excesos o agendas escondidas de individuos que malintencionadamente busquen dañar a los demás. Me pregunto si llegará a existir un tribunal de honor en este tratado, para dilucidar que las denuncias sean legítimas y no respondan a intereses personales o con fines comerciales. Recordemos que no siempre contamos con personas cuyas agendas son rectas y transparentes, sino que algunos buscan su propio beneficio.

Esperemos que este acuerdo histórico catalice el cambio estructural y dé respuesta a algunos de los principales desafíos de nuestros tiempos, velando por que no haya abusos de ningún sector. Importante que proteja a quienes cuidan nuestros recursos hídricos, la eliminación de la contaminación y la conservación de las bellezas naturales que aún nos quedan.

Si el Acuerdo busca dignidad, le aplaudo. Si busca luchar contra la desigualdad y la discriminación, le aplaudo. Si busca garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, le aplaudo. Esperemos que esta vez vayamos por un mejor camino. Hoy, no se pierda Los secretos mejor guardados, por Guatevisión, 2.30 pm.

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