Álvaro Arzú llegó a la conferencia de prensa del Ministerio Público, en Gerona. El alcalde señaló que existía una revancha en su contra por haber salido a la calle a patentar apoyo al presidente. En su arrebato de cólera declaró que no podía existir “otro golpe de Estado” y esta frase es la que asusta.

En nuestra historia reciente —últimos 55 años— hemos registrado tres golpes de Estado y algunas intentonas, y además ha habido relevos presidenciales desde la institucionalidad conforme los mandatos constitucionales.

El 1 de abril de 1963, Enrique Peralta Azurdia derrocó a Miguel Ydígoras Fuentes. El Ejército, como institución, toma el poder. Se señala que el golpe no fue a ese gobierno caracterizado por corrupto y represivo, sino la intención era evitar, a cualquier costa, que Juan José Arévalo se presentara como candidato. Bajo este gobierno se promulgó la constitución del 15 de septiembre de 1965.

El 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército dieron un golpe de Estado y derrocaron a Fernando Romeo Lucas García, que 15 días antes había perpetrado el tercer fraude electoral consecutivo. Este movimiento colocó un triunvirato en el poder y luego Efraín Ríos Montt se proclamó jefe de Estado y presidente. El 8 de agosto de 1983, Óscar Humberto Mejía Víctores lidera otro cuartelazo y manda a Ríos Montt a su casa. Bajo este gobierno se elige a la Asamblea Nacional Constituyente y el 31 de mayo de 1985 se promulga nuestra actual constitución.

El gobierno de Mejía Víctores fue producto del último golpe de Estado. Nuestra constitución entró en vigencia el 14 de enero de 1986 y Vinicio Cerezo comenzó el primer período de gobierno democrático. Cerezo tuvo varios intentos de golpes de Estado liderados por dirigentes políticos conservadores en alianza con militares. Su ministro de la Defensa, Alejandro Gramajo, entre otros militares comprometidos con su tiempo, evitaron que estos grupos reaccionarios tomaran el poder.

El 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano Elías, siendo presidente y habiendo jurado defender la constitucionalidad, pretendió un golpe de Estado y dispuso disolver el Congreso y las Cortes. No tuvo éxito y se produce el primer relevo presidencial dentro de la institucionalidad democrática. Ramiro de León Carpio y Arturo Herbruger Asturias, dos abogados, son electos por el Congreso como presidente y vicepresidente.

El 3 de septiembre del 2015, Otto Pérez Molina entra a una sala de audiencias de lo penal como presidente —había renunciado un día antes— y sale sin el cargo. Alejandro Maldonado Aguirre, quien era vicepresidente por renuncia meses antes de Roxana Baldetti, asciende a la Presidencia.

Los relevos de De León Carpio y Maldonado Aguirre fueron producidos dentro de la institucionalidad y ambos fungieron como presidentes constitucionales, así que lo dicho por Álvaro Arzú la semana pasada, que se han producido golpes de Estado, no es cierto, y sobre todo debemos desecharlo cuando la propia Roxana Baldetti, el lunes recién pasado, como parte de su defensa penal, lanza arengas de que fueron víctimas de “un golpe de Estado”, solo que ahora se hace “blando” y no con rifles y cañones.

Un proceso judicial contra un presidente tendrá efectos y contextos políticos de primer orden, pero la ciudadanía debe estar muy clara, la lucha contra la corrupción no hace distinciones y esa dinámica, acá o en cualquier parte del mundo, tiene un nombre: República. La pregunta del millón es: ¿La queremos construir y fortalecer?

Sacar a un presidente por ladrón no es golpe de Estado, y si no entendemos eso, mejor busquemos replicar el modelo de Somalia o países similares.