El colega Juan Carlos Zapata tocó en su columna del lunes el tema del Doing Business y señaló: “Para tener más oportunidades de empleo se necesita un sistema regulatorio previsible y transparente, que facilite la atracción de inversión productiva y un clima de negocios que fomente la certeza jurídica. La evidencia presentada a través de los últimos 15 años por el Banco Mundial, a través del reporte Doing Business (Haciendo Negocios), ha demostrado que al reducir la corrupción, las artimañas burocráticas, el tiempo, costo y pasos que toma abrir, operar y/o cerrar un negocio, se estimula la capacidad económica de un país, mejorando la prosperidad y el desarrollo sostenible”.

Coincidimos con Juan Carlos en que deben conocerse (y ojalá debatirse con seriedad) la Ley de Leasing y la Ley General de Infraestructura Vial, así como Ley de Consulta a Pueblos Indígenas. Vemos con buenos ojos la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, así como la reforma a Ley del Registro de Garantías Mobiliarias, pero debemos estar claros de que estaremos a la zaga del mundo de los negocios si el Ministerio de Economía sigue siendo un administrador de privilegios para cárteles específicos. Debemos contar con una buena Ley de Competencia que garantice el ejercicio de las reglas del mercado y con lo que se ve el Congreso trata de sacar una ley parchada para hacerla ineficiente.

Si queremos competir debemos tocar también otro tipo de temas. Veamos tres pequeños ejemplos:

1. Si el país sigue con la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) tal como está es imposible que el mercado inmobiliario no sea blanco de “ocurrencias” fiscales de la SAT, el Congreso o el gobierno. Acá un simple caso: un dueño de una casa en Utatlán (zonas 7 y 11), Molino de las Flores (Mixco), Jardines de la Asunción (zona 5) o Colonia del Maestro (zona 15) cuenta con un valor fiscal del inmueble en menos de 100 mil pero vende por más de un millón. El vendedor debe pagar el ISR sobre la diferencia entre el precio declarado y el recibido, pero el nuevo propietario debe pagar el 9 por millar por el nuevo valor para toda la vida. Esto rompe muchas negociaciones de clase media y alta. La Ley de IUSI fue hecha para un mercado inmobiliario subvaluado. Ahora que se sincera media Guatemala está en problemas.

2. La Ley Preliminar de Urbanismo (decreto de Castillo Armas) no la aplican las municipalidades y cada una vive su mundo. Vivo en la capital y pasamos con mi familia más de ocho semanas sin una gota de agua, pero Empagua cobra más de 600 quetzales. Al mismo tiempo, vemos edificios ser construidos con agua municipal y colegios siendo autorizados en zonas residenciales (el famoso POT lo prohíbe, pero si es de gente de plata consiguen luz verde). Sin urbanismo y agua no hay nada, menos inversión. La Ley de Aguas lleva tres décadas archivada, y eso que la propia Constitución ordena su discusión, y de urbanismo, ni hablar.

3. Sin certeza no hay inversión y nuestros registros públicos deben unificarse en una sola dirección o institución como ocurre en otros países. Es absurdo que tengamos registros dispersos con criterios diversos y ninguno brinda certeza, sobre todo cuando el Registro de Información Catastral solo ha servido para trinquetes y robos. Este cambio es urgente y fundamental para el inversionista, simplificar los trámites y hacerlos más seguros es de primer orden.

Falta comentar cómo afrontar los grandes temas sociales y así conocer que sin cambios de 180 grados en salud y educación el país tampoco tendrá mayores posibilidades, pero ahora urge motivar la inversión para la creación de empleo responsable.