Por culpa de Jimmy Morales, el 31 de agosto de 2018 pasará a la historia como el día en que un presidente civil, que muy podrá haber sido electo en las urnas, pero igual traicionó la democracia cuando se embriagó de poder, miedo y cobardía, enfrentó a la ciudadanía con un mensaje simbólico que amenaza con retornarnos de lleno al pasado deplorable y oscuro de donde aún luchamos por salir.

Un nuevo golpe de Estado se está fraguando y la amenaza no ha cedido: No es solo el mensaje presidencial visualmente simbólico, sino lo que significa el acto de intimidación a la población con un despliegue militar frente a la Cicig, por las calles de Ciudad de Guatemala, en algunas cabeceras departamentales, y retando hasta al gobierno norteamericano como si fueran un ejército capaz de librar batalla contra la potencia militar del mundo. Esos desplantes intimidatorios no han llegado a más por el momento, pero se acompañan de la clara intencionalidad del Pacto de Corruptos y sus aliados de tomar el poder y control absoluto sobre el Estado, por medio de argucias legales acuerpadas por el Congreso para destruir la poca institucionalidad democrática y de contrapeso que nos queda: la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral.

Esta vez, a diferencia del Serranazo, el Congreso, centro de operaciones del Pacto de Corruptos, y el sector privado organizado muestran claramente su vocación antidemocrática y se decantan por afirmar el pacto histórico entre oligarquía, ejército y sistema político al que se han sumado en esta ocasión las sectas neopentecostales más recalcitrantes. Todos unidos para no perder el control del país, conservar su impunidad y privilegios, instaurar una teocracia del diente al labio, pues entre todos están convirtiendo a Guatemala en un gran burdel y cuna preferente de todas las formas de economía ilícita que florecen en el mundo.

Lo que atestiguamos el viernes 31 de agosto es el principio de la última gran asonada del Pacto de Corruptos en esta guerra sin tregua contra la justicia. Pelean contra la posibilidad de que Guatemala pueda alguna vez llegar a ser un país decente y próspero, que nos cobije a todos. Mientras escribo esta columna corre la noticia que Morales ha prohibido el retorno de Iván Velásquez a Guatemala, incurriendo en abierto desacato a la Corte de Constitucionalidad. Si es cierto, se acabó el Pacto Social que nos mantuvo en pie por 33 años.

Si solo es un distractor, pues da igual. Al final ni Iván Velásquez ni la Cicig son el problema. El problema es que no quieren perder su modo de vida, su estatus, sus privilegios, su impunidad. Por eso el Congreso, trinchera de la Corrupción, se prepara para dar un golpe de Estado técnico: desconocer a la CC, abrogarse el derecho de decidir sobre todos los antejuicios, modificar lo referente al transfuguismo, hasta extorsionan al compinche Morales para que haga todo lo que el Pacto le indica, so pena de dejarlo a solas, a merced de la investigación del MP.

Mientras tanto, pasan legislación que destruye la democracia de igual manera y convierten el país en otra narcocleptodictadura. Es una guerra sin tregua contra la democracia y la justicia y no podemos quedarnos quietos viendo cómo cercenan nuestras libertades más básicas, nos retornan al autoritarismo, a la violencia, a la pérdida de garantías.

No sé si la comunidad de naciones alcanza a comprender la seriedad de la situación que se vive nuevamente en Centroamérica: Primero Honduras, luego Nicaragua y, ahora, Guatemala. Emprender la lucha por la depuración de los Estados centroamericanos es una tarea que no se puede dejar tirada a mitad de camino.

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