La situación de pobreza y pobreza extrema en la que se encuentra una gran parte de la población guatemalteca fue motivo de preocupación para varios países que se refirieron al tema durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), al que se sometió el país el pasado 8 de noviembre del año en curso, incluso recomendaron la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, así como  atender los conflictos de tierras.

El informe gubernamental leído por el presidente de Copredeh, doctor Jorge Luis Borrayo, quien encabezó la delegación oficial, indicó que el Gobierno está comprometido en el combate de la pobreza, habló sobre las transferencias monetarias condicionadas y se refirió al programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina, impulsado en el Maga, como una medida para erradicar el hambre y la desnutrición. Agregó que la economía campesina es la solución integral al rezago en que se encuentra el área rural.

Este informe se produce en un contexto donde se ha evidenciado a nivel mundial la precaria situación que vive el país en relación a los indicadores socioeconómicos. Un informe reciente del Instituto de Progreso Social, sobre el Índice Global de Hambre, reportó que Guatemala está a la cola del listado de países y que solo Honduras genera peores condiciones sociales a nivel latinoamericano. Ocupamos la posición 84 de 128 países. El informe indica que si bien Guatemala creció bien económicamente, no se preocupó por su población.

En esa misma dirección, el International Food Policy Research Institute (Washington, www.ifpri.org), en su reciente Índice Global del Hambre, del pasado mes de octubre, que clasifica a los países en una escala de 0 a 100, en orden de gravedad, ubica a Guatemala, junto con Haití, en la posición más alta de América Latina, definiéndola como “grave”. Esta situación coloca al área rural como el principal reto por superar.

El tratamiento del problema debe realizarse de manera integral. No es posible que sigamos siendo testigos mudos de la tragedia de los campesinos, que son los mayoritariamente pobres y excluidos, quienes, a pesar de alimentar a la sociedad, viven en la precariedad.

No basta con expresiones discursivas como las que manifestó el doctor Borrayo en Ginebra, el abordaje debe ser a la altura de las necesidades del segundo país más atrasado en América Latina que mantiene altos índices de pobreza y pobreza extrema.

Mencionó el doctor Borrayo en su informe dos programas que podrían ser trascendentales para avanzar en esa dirección: el de agricultura familiar, para fortalecer la economía campesina, conocido como Paffec, y el de transferencias monetarias condicionadas, TMC.

El gobierno debería priorizar estas dos intervenciones. Su efectividad ha sido comprobada en muchos países de América Latina, pero tal y como se han impulsado hasta ahora en Guatemala, su impacto es y seguirá siendo cero.

Para lograr un buen resultado, el Maga debe abandonar el clientelismo asistencial que sigue impulsando con la entrega de subvenciones y cupones, y el Mides debe entender que su rol no es filantrópico. Las TMC deben entregarse con regularidad, cumplirse las condicionalidades y cubrir a quienes corresponde. Y ambos programas, las TMC y el Paffec, deben llegar a los mismos sujetos, los campesinos, conforme sea necesario.

El Gobierno podría encontrar en la articulación de estos dos programas una opción para superar la intrascendencia sustantiva de su gestión. El presidente y sus descoordinados ministros deben ser coherentes con el discurso del doctor Borrayo.

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