El Observatorio de los Derechos de la Niñez (ODN) de Ciprodeni publicó, hace un par de días, que “hasta el 18 de noviembre de 2017 se registraron 4,009 embarazos en niñas de 10-14 años, y 80,995 en adolescentes entre 15-19 años.” Esto significa un total de 85,004 niñas y adolescentes embarazadas en menos de once meses, una cifra que se traduce en más de 230 diarias en esta condición. La fuente que nutrió los datos del ODN es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Casi simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en suspenso la presentación y distribución del manual de “Derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y atención de embarazos en niñas y adolescentes”, elaborado por la Procuraduría de Derechos Humanos. Ante la avalancha de opiniones a favor y en contra, Jordán Rodas, el Procurador actual, dijo que oficialmente que dicho Manual no había sido elaborado durante su gestión y que, desde el día en que tomó posesión, jamás se ha pronunciado sobre el aborto.

Primero, llama mucho la atención que la CSJ haya emitido una sentencia que busque limitar las funciones del Procurador de Derechos Humanos, quien está precisamente para velar por tales garantías. ¿No está la CSJ violando derechos? Pero más allá del tema político y de lo que puedan aprovecharse quienes tienen al Procurador de Derechos Humanos entre ceja y ceja, a mí lo que me interesa son las niñas, niños y adolescentes de este país. Me interesa recuperar la parte de un viejo debate que nunca hemos tenido en serio, porque aquí no se habla de las cosas serias, y cuando se habla se hace poco y mal, como si estuviéramos en un campo de batalla.

Mientras todo se dirime en las alturas, millones de niñas y niños siguen naciendo acá en las condiciones más miserables del planeta, en familias que transgeneracionalmente han escaseado de educación, salud, información, empleo y alimento. Familias a las que posiblemente les abundó la presencia de las diversas iglesias que tocaron a su puerta para “evangelizarles”. Familias que salen con dificultad del hoyo negro en el que esta país desigual los tiene sumidos.

De las 85,004 niñas y adolescentes que este año quedaron embarazadas, más de 4 mil fueron víctimas de un delito, en este caso de violación. Porque si nos ponemos legalistas, todo acto sexual con una menor de 14 años es violación, sea consentido o no. Y el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) dijo hace dos años, que en el 30% de los casos de violación en niñas y adolescentes, la responsabilidad la tenían los padres biológicos. Y la pregunta de siempre: ¿en qué manos queremos dejar la educación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos de nuestros hijos e hijas? ¿En las manos de esos padres violadores, en las de las madres que ven el hecho y callan, en las de los diputados que se pronuncian por el conservadurismo y defienden su dogma religioso, pero que tienen relaciones sexuales en el parqueo del Congreso? ¿En las de aquellos jueces que dictaminan a favor de la moral y las buenas costumbres mientras se suben la bragueta del pantalón? ¿Es la familia o el Estado quien dictamina qué tipo de educación sexual queremos para la niñez y adolescencia de un país?

Tengo en este momento, frente a mí, a una pequeña embarazada y contagiada de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué adulto se hizo cargo de ella? ¿Alguna Iglesia, el gobierno? Porque Estado somos todos, sociedad civil y sociedad política. Cada hombre y mujer de este “país” tienen la responsabilidad de velar porque la juventud conozca sus derechos sexuales y reproductivos y ejerza una sexualidad libre y responsable que no recicle y repita la miseria, el desamparo, la violencia y la falta de oportunidades que reciben a tantos cuando entran a la vida. No queremos una Guatemala donde las cigueñas sigan trayendo bebés que no tendrán ni para comer, hijos de madres que tampoco tuvieron alimento.

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