La partidocracia corrupta guatemalteca llegó a perfeccionar con extraordinaria pericia un mecanismo capaz de secuestrar el poder público en forma reiterada, amparándose en los rituales electorales que no fueron más que un protocolo cínico, siempre dispuesto a expulsar al pueblo de su derecho a tener representación social en los organismos del Estado y en las municipalidades del país. Cualquier sana intención de algún político excepcional fue ahogada por la cosa nostra local, porque en su estructura se articula un mecanismo orientado a la preservación de un modelo corrupto ajeno al interés nacional.

Esa partidocracia corrupta nace en 1986 y con espectacular asombro crece hasta convertirse en una Hidra despiadada. Alcanza la cima de su realización con el gobierno del PP y ahora en silencio se recicla, presta para continuar succionando los derechos, los recursos y las esperanzas de nuestro pueblo. ¿Un ejemplo para confirmar lo anterior? Sigue tan viva y resistente que se enfrentó a la Cicig, a la ONU y a la embajada de EE. UU. Sigue tan latente que menospreció los intereses indígenas y sociales al derribar sin limitaciones las reformas constitucionales, negando nuevamente los derechos de la población vernácula y cerrando la puerta para que, como país, tuviésemos un sistema de justicia eficiente e independiente. Menospreciarla sería nuestro peor error.

Esa partidocracia criminal pactó con inversionistas perversos —aclaro que no todos los empresarios son corruptos— para favorecer los intereses de grandes consorcios económicos a cambio de cobrar caro por sus servicios: el derecho a la corrupción y la impunidad. Y así, tomados de la mano, ambos engendros impidieron que nuestro pueblo tuviese hospitales, escuelas, carreteras y seguridad ciudadana. Pero luego la partidocracia corrupta descubrió una ruta mucho más rentable: la narcopolítica. Los conflictos de intereses entre las facciones referidas llegaron a extremos jamás imaginados, el tradicional bloque de poder se fracturó y se rompieron las alianzas delictivas. Antiguos aliados pasaron a ser verdaderos enemigos. Fue en ese punto cuando el descalabro del gobierno del PP y la arremetida de la Cicig habilitó por fin las esperanzas populares. Y salimos a las calles, gritamos, exigimos y creímos en la posibilidad real de un cambio. Pero debemos reconocer que como sociedad nos hemos estancado. Bajamos el ritmo de las demandas, no hemos logrado una sólida organización social y nuestra participación ha venido a menos.

El grito de las patrias del sur del continente, latente en los años 70 y 80, referente a que “solo el pueblo salva al pueblo”, viene a ser nuestra única alternativa. Hay un sector cualitativo al interior de nuestra sociedad aún no contaminado que puede hacer un esfuerzo por apoyar el cambio que tenemos que concretar. Me refiero a los empresarios emergentes que sí tienen mucho que perder ante la Guatemala fallida. Aquellos empresarios que no poseen inversiones transnacionales, aquellos empresarios que al igual que sus hijos y nietos nacieron aquí y que están dispuestos a dar la batalla por el cambio. El complemento fundamental será un nuevo liderazgo político y el surgimiento de un frente de organizaciones sociales en alianza. Para que finalmente sea el voto del ciudadano informado y responsable el que defina el futuro de la patria. Las próximas elecciones serán el punto de partida entre la prolongación de la Guatemala secuestrada o el surgimiento de la Guatemala promisoria. Derrotar a la partidocracia corrupta es ahora nuestra tarea principal.

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