Uno de los mayores problemas cuando se habla de las proyecciones del gasto público es que cuando hay carencia de una visión de estadista se termina incurriendo en serios errores de cálculo cuyas consecuencias inclinan las decisiones hacia un criterio politiquero, clientelista, como pago de favores o por cualquier manifestación de apoyo.

A eso se debe que cada año, cuando se presentan esos planes, sobresale un desmesurado interés en sostener a una creciente burocracia. Entonces, el primer criterio para no permitir que los presupuestos aumenten consiste en velar porque estén dirigidos a reducir la imparable grasa burocrática, que crece con cada gobierno, o lo hace también por la vía de groseros aumentos salariales insostenibles.

El crecimiento de cada plan anual de gastos lleva la triste realidad de que obedece a que sube el gasto de funcionamiento, y son demasiado marginales los recursos dedicados a la inversión, tarea que queda casi con exclusividad al Ministerio de Comunicaciones, la mayor fuente de corrupción en los últimos años.

Es penoso ratificar que cada año se dispara el rubro dedicado al pago de salarios, claro síntoma de un clientelismo insostenible que nadie ha tenido el valor de frenar, y a esto se suman leoninos pactos laborales sindicales que conducen al triste espectáculo de reflejar componendas entre un liderazgo venal y políticos urgidos de prótesis populistas.

También el recurso humano en las dependencias públicas aumenta de manera innecesaria, con el único objetivo de pagar el proselitismo, o se agregan apéndices a oficinas infuncionales con tal de incorporar a gente cercana a funcionarios o a diputados que en las oficinas públicas encuentran su modus vivendi. Se llega al extremo de que hay organismos en los cuales la creación de plazas ha llegado a niveles delictivos.

Cada presupuesto no deja de ser un reflejo de anteriores proyecciones, y por eso mucha de la terminología se repite, pero en muy poco cambia la esencia, como el apartado relativo a regular los pactos de condiciones de trabajo en el sector público. Allí, la norma parece ser buena en cuanto a poner requisitos aun para los incrementos salariales, pero lamentablemente no se cumplen y año con año el gasto aumenta para atender las nuevas incorporaciones.

Ese espíritu de la letra muerta también aflora en la regulación de los fideicomisos, pues en vez de aprovechar para eliminar su uso, simplemente se vuelve a la cantaleta de hacer responsables a los funcionarios que los utilicen. Ahora existe una denuncia contra el alcalde Álvaro Arzú por lo que podría haber sido un uso no solo discrecional sino hasta delictivo de los recursos administrados bajo esa figura.

Por eso, el primer criterio que debe prevalecer cuando la propuesta del presupuesto llegue al pleno es declararla inviable, por su difícil sostenibilidad, porque no se puede seguir endeudando al país incrementando los gastos de funcionamiento, en momentos en que la recaudación tributaria apenas cubre las dos terceras partes del gasto. A todas luces, aprobar un incremento de más de 84 mil millones de quetzales es una peligrosa y nefasta obstinación politiquera que terminarán por pagar los contribuyentes.