Cuando el gobierno informó que había recibido el fallo de aclaración y ampliación de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenaba el ingreso de Iván Velásquez, ya tenía previsto no cumplirlo. En el comunicado señalaba que haría uso de las facultades y recursos legales para “defender la Constitución”. Ahora sabemos que eso significaba la interposición de una revocatoria. La maniobra pretende revertir el fallo con el argumento de que el primero fue respaldado por los cinco magistrados del tribunal constitucional y el segundo solo por tres. El argumento es muy pobre porque la CC puede resolver por consenso o por mayoría. Esto demuestra que la estrategia estatal antiCicig continúa para desbaratar la lucha contra la corrupción.

Por ley, los fallos de la CC se deben acatar y no existe ningún recurso para anularlas como busca el gobierno. Tanto en su primer fallo, como en el segundo, la CC resolvió amparar a Velásquez para que ninguna autoridad le impidiera el ingreso al país. Sin embargo, el martes pasado el presidente en funciones, Jafeth Cabrera, dijo que el jefe de la Cicig no tiene permitido el ingreso a Guatemala. ¿A cuenta de qué el gobierno rompe el orden constitucional y cae en un golpe de Estado técnico al desobedecer una orden de la CC? La razón es que lo hace porque se siente fuerte por el apoyo del Cacif, como lo evidenció el empresario Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, quien dijo que los funcionarios tienen sus razones para no acatar el fallo de la CC. A ese respaldo se agrega el Congreso y la cúpula del Ejército que apareció el 31 de agosto junto al presidente cuando este afirmó que no renovará el convenio de la Cicig en el 2019.

Bajo el pobre argumento de la defensa de la soberanía, poco a poco han salido a flote las estructuras sobre las que navega el presidente Jimmy Morales y que son las que se benefician del saqueo de los recursos del Estado. La primera red está enquistada en el sector privado organizado, principalmente el G-8, que en las pasadas elecciones vio la oportunidad de apadrinarlo. La llegada del supuesto outsider de la política fue el peor engaño que Jimmy Morales le hizo a la población guatemalteca. En realidad era el ungido de la rancia oligarquía que financió su campaña electoral, la que posteriormente se supo por boca de los mismos empresarios, que incurrió en financiamiento electoral ilícito y que mantiene al presidente con antejuicio. Cómo no van a intentar rescatarlo de la Cicig si ellos son corresponsables de ese delito y de paso dirigen las políticas económicas del gobierno y se benefician con contratos de obras. La expresión de respaldo del industrial Zepeda es más que obvia.

Ese sector privado es el que financia el lobby en Washington para atacar a la Cicig y mantiene a los grupos ultraderechistas y netcenters para desprestigiar la lucha contra la corrupción. A ellos se agrega un nutrido grupo de diputados que ahora intenta modificar el delito de financiamiento electoral ilícito para beneficiar a Jimmy Morales, así como a los secretarios generales de la UNE, Encuentro por Guatemala y el extinto Líder, para que los antejuicios en su contra queden sin materia. Otro sector que se beneficia con la salida de Iván Velásquez y la Cicig es la cúpula militar. Se sabe que muchas de las políticas que impulsa Jimmy Morales provienen de la “juntita militar” que lo asesora y que estaría involucrada en negocios turbios para el saqueo de recursos del Estado. A ellos se agregan otros tantos militares involucrados en mafias criminales que operan al amparo o son beneficiadas por la falta de control gubernamental. Esto es lo que está detrás de la llamada lucha por la soberanía, sí, una soberanía que permita a los corruptos seguir operando a sus anchas.

@hshetemul