En 2015, las encuestas lo catapultaban a los primeros lugares de intención de voto, lo que parecía algo milagroso para un candidato sin experiencia política ni conocimientos sobre el quehacer público, surgido de la nada, con una alianza de partidos desagüe, repletos de militares retirados, cuestionados y en algunos casos juzgados por su pasado, y políticos crecidos al amparo de la corrupción y el lucro personal sobre el poder público. Ese candidato era Jimmy Morales.

Morales contaba con una frase pegajosa para el momento político, “ni corrupto, ni ladrón”, con apoyo financiero ilícito —de malos empresarios y otros criminales organizados— y con un plan de gobierno de cinco exiguas páginas que contenía vagas propuestas en materia de empleo, educación, salud, transparencia y combate a la corrupción, sin metas, costos ni fuentes para su financiamiento.

Su primer año de gobierno puede resumirse en una palabra: improvisación, resultado de conformar un Gabinete que más que responder a experiencias profesionales, servía para afianzar los intereses de sus financistas. Los últimos dos años de gobierno pueden sintetizarse en una frase: destrucción de la democracia. Resultado de acciones arbitrarias: el desacato a la Corte de Constitucionalidad y maniobras espurias para impedir la continuación de procesos de investigación en su contra. A pesar de estas ilegalidades, Morales ha sobrevivido gracias a que la alianza criminal de la que es parte se ha servido de sus afiliados en los diferentes partidos políticos que conforman el Congreso de la República —Todos, Movimiento Reformador, Creo, UCN, PAN, Viva y Unionista—, además del oficialista FCN-Nación.

Ahora que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, esta alianza criminal está operando la puesta en escena de partidos políticos que continuarán lo que Morales deje a medias. Basta escuchar los discursos antidemocráticos y charlatanes desde el partido Unionista —cuyos dirigentes parecen un remedo de Torquemada—, pasando por los partidos Valor, Vamos, Todos y el Partido Liberal de Guatemala, por citar algunas maquinarias electorales organizadas para que Guatemala no cambie. Con la mayoría de partidos bajo el financiamiento y el discurso de esta alianza criminal, el objetivo será llevar al Congreso tantos diputados como sea posible para que, en las votaciones relevantes —elección de magistrados, más privilegios fiscales y cambios legales para arraigar el sistema de corrupción, impunidad y autoritarismo— operen en conjunto, como una aplanadora.

Es por ello que los pocos partidos políticos prodemocráticos, de diversa ideología —Encuentro por Guatemala, Winaq, URNG, Libre y Semilla, entre otros—, deben concentrar sus fuerzas y limitados recursos financieros en disputar a la alianza criminal las curules en el Congreso. Esta estrategia tiene varios dividendos. Primero, disminuir estructuralmente el poder de la alianza criminal en el Legislativo, empujando una agenda democrática en temas como justicia, igualdad, probidad y elección de altos funcionarios. Segundo, ejercer control del Ejecutivo e iniciar la construcción de una institucionalidad pública desparasitada de las prácticas corruptas actuales. Tercero, constituirse en una voz legítima para los ciudadanos y movimientos sociales, en especial de aquellos que están oponiéndose al intento de implantar una tiranía. Cuarto, iniciar el largo pero necesario proceso de legitimación de la política: toca cimentar partidos democráticos con la agenda y el financiamiento ciudadano.

Esa es la única forma de salvar la democracia.