La decisión del juez Miguel Ángel Gálvez que envió a arresto domiciliario a 19 de los 57 sindicados del caso denominado Cooptación del Estado de Guatemala, es una prueba más de que la realidad cotidiana de las cárceles del país constituye un peligro serio e indudable para cualquier persona que sea privada de su libertad. Este hecho se convierte de manera indirecta en un colaborador eficaz de la corrupción.

El arresto domiciliario es una posibilidad jurídica dentro de los procesos legales que se puede aplicar a quien se haya presentado voluntariamente, o su salud se encuentra resentida, así como no existir peligro de escape, ni haya antecedentes que permitan prever acciones de agresividad. Por ello es justificable su aplicación en determinados casos, y sería aconsejable aplicarla cuando se trate de personas involucradas en acciones delictuosas pero no de crímenes violentos. El peligro de ser llevado a centros de detención, hacinados y sin una división física entre los reclusos, hace que proliferen los partes médicos para trasladar a hospitales a los responsables de accidentes de tránsito, por ejemplo.

El arresto domiciliario consiste en convertir la casa donde se vive en centro de detención del cual no se puede salir. Ese criterio está de acuerdo con el significado literal de la palabra. Es un domicilio, no un área geográfica, como una ciudad o un barrio. Pero desde hace algunos años y con el objetivo de beneficiar a alguna persona, se ha aplicado este último criterio, que no tiene sostenibilidad alguna. Por eso es indispensable señalar que en este caso se puede aplicar en su sentido real.

Otro asunto relacionado con el caso Cooptación del Estado, lo constituyen las medidas solicitadas por los abogados defensores de los acusados, con el objetivo de recusar al juez Gálvez, por supuestas irregularidades en el ejercicio de su trabajo. Esto es a todas luces reprochable, al margen de que dentro de las posibles acciones se encuentra la de intentar la descalificación de un juzgador, lo que incluye utilizar toda clase de argucias. Y también al margen de que el peculiar estilo del juzgador sea considerado a veces poco ortodoxo, lo que hasta el momento no ha dado motivos a una válida crítica de quienes observan este dramático proceso que mantiene en vilo a los ciudadanos por no tener precedentes.

El juez Gálvez ha hecho algo poco común en Guatemala: cumplir con su deber y hacerlo tomándose su tiempo, incólume pero a la vez consciente de su papel de celebridad nacional. Toda acción cuyo fin sea descalificarlo, al criterio de un importante sector ciudadano confirma la culpabilidad de quienes son defendidos, pero además causa un rechazo generalizado a quienes lanzan lodo a la reputación de un funcionario hoy en día con merecida buena imagen por su serena firmeza.

Lejos de intentonas descalificatorias, quienes defienden a los acusados deben centrarse en hacer eso: defenderlos. Todo lo referente al caso Cooptación del Estado es difícil, complicado y tiene consecuencias inesperadas, algunas hasta dramáticas. Los procesos seguirán su curso y es correcto darles seguimiento, pero ello implica rechazar cualquier maniobra destinada a mantener directa o indirectamente el status de la impunidad. El juez Gálvez merece respeto: no está en un lecho de rosas y su tarea necesita valor y templanza.