Centroamérica sigue en ebullición. Resulta casi increíble que unos dos mil hondureños hayan logrado hacer reaccionar a la primera potencia del mundo, al crear una caravana que ha puesto en aprietos a los gobiernos de cinco países, empezando con Honduras, a cuyo gobernante, Juan Orlando Hernández, el presidente Donald Trump amenazó ayer por medio de un tuitazo fulminante y atemorizante.

Este es el resultado del proceder irresponsable de casi todos los políticos involucrados en este drama, algunos de los cuales han llegado a la desfachatez de asistir a reuniones en Washington para mostrar sumisión. No mencionaron siquiera el problema principal: el doloroso drama humano de quienes se lanzan a una potencialmente mortal aventura en busca desesperada de trabajo, huyendo de la corrupción y la criminalidad reinante en sus países. Los gobernantes, al regresar, chocan con la dolorosísima realidad de miles de pobladores.

Esos dos mil hondureños que el pasado sábado anunciaron que emprendían una caravana hacia Estados Unidos aducen razones de seguridad y limitaciones económicas. Esto no ocurre solo en Honduras, por ser una lacra, junto a la corrupción, que afecta a las tres naciones que durante las últimas semanas han estado en los radares políticos de Washington.

La miopía de la diplomacia estadounidense, más el descaro e irresponsabilidad de las autoridades centroamericanas, complica más el panorama. EE. UU. insiste en financiar mayores medidas de represión y dar millonarios financiamientos a gobiernos para detener la migración, pero poco se hace por ayudar a cambiar las causas que motivan la zozobra de millones.

Las tirantes discusiones que la semana pasada dominaron en Washington la Segunda Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica alcanzaron ayer su cúspide cuando Trump lanzó un duro mensaje a Hernández al afirmar que si la caravana rumbo a EE. UU. no es “frenada y regresada a territorio hondureño, no habrá más dinero ni ayuda para Honduras, con efecto inmediato”.

Obviamente, el áspero discurso que el vicepresidente Mike Pence lanzó antes a los gobernantes centroamericanos no ha tenido éxito y ayer se unió al tirón de orejas, llamando primero a Hernández y luego a Jimmy Morales, a quienes exigió cooperación para detener la caravana de migrantes.

En todo esto EE. UU. comparte una enorme responsabilidad, porque ha pretendido respaldar a gobiernos ilegítimos e irrespetuosos de elementales derechos y ha tolerado el abuso de poder, como ocurrió en Honduras, donde varios manifestantes perdieron la vida, y en Guatemala, con un millonario y vergonzoso derroche de recursos públicos y privados para maniatar a la justicia, un grave error que a todos nos costará muy caro.

La irreflexiva política de mano dura de Washington solo beneficia a regímenes impopulares, y lejos de frenar las migración irregular podría estar alentando un mayor flujo de centroamericanos, principales víctimas del enquistamiento de mafias en las altas esferas del Estado, que además limitan el desarrollo, piedra fundamental para desalentar la migración irregular.