La migración irregular es “una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y como respetamos sus fronteras ustedes tienen que respetar las nuestras”, dijo ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, frente a los gobernantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, al concluir una reunión privada con los mandatarios de la región de donde más llegan personas hacia la frontera de ese país.

El discurso del enviado del presidente Donald Trump ha sido uno de los más duros. Le pidió a los mandatarios hacer mayores esfuerzos para fortalecer las fronteras, limitar el paso de estupefacientes y generar prosperidad en sus países para reducir las cifras de habitantes de esta región que buscan ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

Pence también les recordó a los gobernantes centroamericanos con quienes se reunió que uno de los ingredientes para esa falta de oportunidades es la corrupción, un flagelo sobre el cual han insistido mucho otras autoridades estadounidenses y al que ven, junto a la violencia, como una de las causas de ese incontenible flujo humano.

Aunque los mandatarios del Triángulo Norte intentaron argumentar que están haciendo los esfuerzos necesarios para reducir ese drama, es claro que no están logrando su objetivo y Pence les recordó números vergonzosos y cifras crecientes sobre la emigración irregular que ha impactado en el sistema migratorio de su país solo en lo que va del año.

La corrupción, aunque para los presidentes convocados a este cónclave ocupó un segundo plano, deben comprender que es uno de los ejes transversales de la problemática y si de verdad quieren respaldar la preocupación inequívoca expresada por el emisario de Washington, deben dar claras muestras de asumir con seriedad ese compromiso y esto implica abandonar legislación proimpunidad y respaldar a las instituciones que batallan por la depuración de importantes instituciones.

Solo en el tema del narcotráfico la región ha dado penosas muestras de los niveles de infiltración a los cuales se puede llegar en entidades incluso llamadas al combate de esas lacras, como sucede con el Ejército, algunos de cuyos integrantes se encuentran bajo proceso por haber participado en estructuras delictivas vinculadas con poderosos carteles o al pujante negocio de las extorsiones.

Si bien es cierto, como lo dijo el presidente de Honduras, que nuestra región está en medio de productores y consumidores de estupefacientes, también lo es que la bonanza de esos criminales negocios se ha debido a la debilidad de las instituciones y a la complicidad de funcionarios y altas autoridades que han sido permisivas ante una conducta intolerable, herencia perversa que trasciende gobiernos.

Esta problemática, que se ha visto agravada por el desborde de migrantes irregulares en territorio estadounidense, debe terminar, dijo el vicepresidente de ese país, aunque debe agregarse que de acuerdo con lo observado en la conferencia conjunta de los mandatarios de la región, buena parte de los discursos no parecen reflejar una plena comprensión de la gravedad de la situación, ni siquiera ante el durísimo discurso del visitante, quien demandó frenar sin demoras el éxodo de centroamericanos.