Con la llegada de la época navideña tiende a relajarse el espíritu, pero también las conciencias, sobre todo aquellas que tienen a su alcance recursos públicos y que, llegado el momento, buscan disponer de cuanto sobrante exista en las arcas de distintas dependencias, sin ningún recato ni consideración con los contribuyentes.

En los últimos años se ha generalizado una actitud dispendiosa en numerosas entidades, y resulta que desde las más altas esferas de poder se guardan recursos, los cuales al no ser gastados en mejoras de las oficinas públicas o en servicios, se les busca un empleo más clientelar, y así es como se ha extendido el concepto de bono extraordinario para congraciarse con la burocracia.

Una vez más, jueces y trabajadores del Organismo Judicial han solicitado que se les conceda un pago extraordinario de 10 mil quetzales como bono navideño, lo cual no tiene ninguna justificación ni está establecido en los oprobiosos pactos colectivos de trabajo, y por ello se les llama pagos únicos.

El año anterior, ese mismo grupo había hecho un planteamiento similar, y solo variaba el monto de lo solicitado, que en aquella ocasión era de seis mil quetzales, aunque finalmente el pleno de magistrados aprobó que dicho pago extraordinario fuera de cuatro mil quetzales, supuestamente para que no afectara las finanzas del Organismo Judicial, como si el país estuviera en condiciones de satisfacer exigencias irresponsables.

Uno de los argumentos de los solicitantes es que el costo de los insumos navideños se ha encarecido, como si los contribuyentes guatemaltecos tuvieran la responsabilidad de cubrir los desajustes inflacionarios de la burocracia nacional, lo que hace más vergonzosa dicha solicitud, porque los vaivenes en el costo de la canasta básica afectan a todos por igual, pero no todos disponen de un Estado gamonal que pueda complacerlos en sus caprichos.

La burocracia nacional desde hace rato perdió la brújula, cuando los pactos colectivos lesivos para el Estado y para los contribuyentes se hicieron insostenibles. Menos puede seguirse adelante con una demanda intolerable de los empleados públicos, para que los contribuyentes carguen con sus excesivos gastos para los festejos de Navidad o de Semana Santa.

No parece existir en ninguno de los niveles de los organismos del Estado un mínimo de conciencia para frenar estas demandas improcedentes, pues el criterio de los burócratas es que en cada época navideña se enfrenta una escalada inflacionaria y elevados costos en servicios, como si este no fuera un fenómeno que afecta a todos por igual. Solo el descaro los hace incurrir en planteamientos que ignoran la problemática del resto de la población.

El reparto indiscriminado de recursos públicos solo puede ser calificado de irresponsable y mucho menos se deben hacer erogaciones millonarias, cuando la problemática nacional afecta a todos por igual y los contribuyentes no tienen la obligación de atender de manera especial a grupos de irresponsables empleados públicos. En contraste, millones de guatemaltecos no cuentan con una fuente de ingresos y otros tantos miles ni siquiera con ingresos para cubrir una canasta básica.