Soberanía se ha convertido en un término manoseado por los políticos, sobre todo por los tiranuelos que con su abuso han convertido países en islas saturadas de frustración y con una ciudadanía apagada, como ocurre en Cuba, con un clan siniestro gobernando por más de medio siglo, y Venezuela, donde otro mesiánico líder convirtió ese emporio petrolero en uno de los más miserables países latinoamericanos.

En ese rumbo se embarcó también hace varios años el nuevo tiranuelo nicaragüense, manipulador de las instituciones, quien de la mano de funcionarios serviles permitió el manoseo de la Constitución para perpetuarse en el poder. Ahora, los desquiciados gobernantes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han perdido cualquier legitimación por la criminal ola de represión desatada desde hace casi cinco meses.

A estos tropicales gobernantes se ha unido Jimmy Morales, quien impulsa medidas controversiales en nombre de todos los guatemaltecos, cuando de manera inaceptable y en un claro conflicto de intereses pretende erigirse como representante de la unidad nacional para dictaminar, de manera unilateral, el fin de un convenio con Naciones Unidas, sin consultar al país.

Ahora resulta que su principal motivación es la defensa de la soberanía. No se le puede creer porque en los últimos meses él y los suyos han hecho todo esfuerzo por frenar la lucha contra la corrupción y de abierto desafío al sentido común, porque está en marcha un proceso para poder investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito cuando dirigía el hoy partido oficial, tambaleante.

El despropósito gubernamental no se queda ahí. Ahora resulta que su próxima prioridad es impulsar elecciones “libres y no intervenidas”, como si la mayor amenaza no proviniera de los políticos que continúan con sus burdas maniobras para legislar a su favor o de la impunidad, en otro claro conflicto de intereses, porque de hecho pretenden implementar leyes a su favor y ser juez y parte en las investigaciones judiciales o castigar a quienes disienten de sus obtusos criterios, estirando demasiado la cuerda sobre la que se sostiene la endeble parafernalia democrática.

Lo ocurrido recientemente nos recuerda que la historia de Guatemala está llena de paisajes reiterativos sobre tensiones en las relaciones internacionales. En la década de los ochenta, Estados Unidos impuso un bloqueo a las fuerzas armadas para castigar las violaciones a los derechos humanos, pero para burlar ese boicot se buscó la colaboración de otros países.

Jimmy Morales ha retrocedido al país a aquellos años. Con su amenazante despliegue de fuerza policial y militar, al extremo de hacer que tanquetas pasaran varias veces frente a la Embajada de Estados Unidos y la oficina de la ONU contra la corrupción, logrando con ello un efecto parecido al de la represión militar de la década de los 80, y ha unido en una sola voz a los países cooperantes, cuyas autoridades han mostrado no solo su rechazo a la no renovación del acuerdo con la ONU sobre esa misión, sino que prometen ir más allá para evitar que eso ocurra. Es probable que en otra dimensión esa cooperación sea sopesada, sobre todo porque esta administración fue incapaz de plantear alguna alternativa si se concretara la salida de la Cicig.