De mucho tiempo atrás hacia donde veamos dentro de la administración pública, encontramos falencias. Desde míseras instalaciones, falta de equipo y personal poco capacitado a malos manejos, negligencia, corrupción y perversidad, dándolo como algo normal. Nos sorprendemos al encontrar lo contrario, cuando eso debería ser la norma, no la excepción.

A lo largo de las últimas semanas los ejemplos de desbarajuste han sido numerosos, particularmente en cuanto a las discusiones de reformas a la Constitución se refiere. A mi parecer el tema provocó la anacrónica reacción de la élite empresarial y sus corifeos, sacando a luz conceptos de clase y racismo que debieron haberse eliminado del discurso público desde el siglo pasado. Sin embargo, los mantienen vigentes, a flor de piel, desde cuando sus antepasados detentaron el poder en el siglo XIX, polarizándonos a límites peligrosos.

Y como a toda acción se opone una reacción de igual fuerza pero en sentido contrario, organizaciones indígenas a las que aquel sector tanto repudia y teme, hubo masivas manifestaciones demandando atención y solución a problemas básicos y elementales que el Estado opta por ignorar.

Los sindicatos de salubristas y educación no desaprovecharon la ocasión para amenazar con suspender labores de no ser atendida su demanda de aumento salarial, que no necesariamente reflejará mejoras en su rendimiento laboral.

Entre todo ese caos fue notoria la lección de equilibro, entereza y buen juicio ofrecida por las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Indígenas, al solicitar al Congreso retirar de la discusión de las reformas constitucionales su propuesta de modificar el Artículo 203 sobre jurisdicción indígena, que tanto escozor causo a las élites de nuestra criolla Nación. Queda en manos de los diputados buscar la manera de resolver las necesarias reformas, cuyo origen resale a los acuerdos de paz firmados 20 años atrás.

El ambiente se caldeó con la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, con un saldo de 22 jovencitas muertas, 19 de ellas calcinadas y 37 heridas el pasado miércoles 8, paradójicamente, Día Internacional de la Mujer. Nota al margen: los Reformatorios, fueron transformados en Centros de Observación y Reeducación para Menores a partir de 1952, bajo la dirección de Jaime Barrios Peña, doctor en filosofía, especializado en psicología.

Las quejas y denuncias de la Procuraduría General de la Nación, juzgados de la niñez y Procuraduría de Derechos Humanos sobre injusticias, mal trato y sospechas de abuso sexual en contra de niños y adolescentes de ambos sexos recluidos en aquel “hogar”, fueron desatendidas por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, responsable de su administración y dirección.

Los señalamientos de una red de trata de personas con las adolescentes, extra muros, son un extremo que deberá ser aclarado y los responsables castigados, pues son una burla a la protección que el Estado debe dar, en este caso, a los menores de edad y por lo tanto, los más indefensos en la escala social.

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