Jimmy Morales enfrenta otra vez señalamientos de corrupción y de nuevo será puesto a prueba, no solo nuestro sistema de justicia, sino también la forma cómo opera el Congreso, que hasta hoy ha protegido con vehemencia al mandatario, haciendo caso omiso de las leyes y del clamor popular que exige justicia.

Pero, lamentablemente y siendo realistas ya se sabe que esto no prosperará, porque si del Congreso de la República depende esta decisión, entonces estará garantizada la impunidad. Lo que evidencia una vez más la importancia y el peso que tiene el Legislativo dentro del sistema político guatemalteco.

El problema es que quienes deberían establecer los límites para quien está en el poder son igual de corruptos que él, entonces nuestro sistema político no funciona en la práctica. Y claro, las leyes escritas suenan bonitas, pero en el ejercicio del poder simplemente no funcionan, porque favorecen y propician la corruptela.

Por esta razón, cuando se crearon las leyes constitucionales junto a los valores y principios que sustentan los derechos ciudadanos, también se establecieron los mecanismos para limitar el ejercicio del poder. Pero hoy al ser vulnerados estos límites e independencia de poderes, también se están violentando los valores y principios sustantivos de toda la ciudadanía.

Es necesario para garantizar la institucionalidad y el estado de Derecho que se integre la legalidad y legitimidad en una unidad fundamentada en valores y principios éticos de validez universal, para así construir una verdadera ética del poder. Necesitamos funcionarios comprometidos con la separación e independencia de los poderes del Estado.

No obstante, con el escenario actual y basados en nuestra realidad, es una utopía hablar de legalidad y legitimidad, por lo que la lista de funcionarios y particulares que elaborará el Departamento de Defensa de Estados Unidos será de gran ayuda para nuestro país, porque evidenciará a quienes han cometido abusos.

El secretario de Estado tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de nombres que será publicada. La denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional incluirá a los funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilícita de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Las personas que sean incluidas en esta lista no solo pasarán por el escarnio público y un “castigo moral”, sino también podrían estar sujetos a la congelación de activos y la denegación de visas, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky.

Estas son medidas que justamente se han tenido que tomar para países, donde los funcionarios han traspasado absolutamente los límites del poder, tal como ha venido ocurriendo en Guatemala desde hace décadas. Es claro el interés de Estados Unidos por dejar patente su compromiso de combatir la corrupción, ya que una de las causas de la migración ilegal a ese país se debe a la corrupción e inseguridad que se vive en los países del Triángulo Norte.

También es necesario comprender que la corrupción en el sector público es uno de los principales factores que ha causado el estancamiento económico y el subdesarrollo en que nos encontramos sumidos.

Por ello es plausible este gran esfuerzo por frenar los actos de corruptela en la región, que además será un claro mensaje para quienes están en este momento en el gobierno, para que enderecen su camino, si es que aún les queda un poco de cordura. Porque la impunidad persiste a pesar de los esfuerzos de la Cicig por combatirla. Con este tipo de leyes se estará dando un gran apoyo a la Comisión anticorrupción y es una esperanza a corto plazo para los ciudadanos.

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