Las maquinarias oficialistas se han esmerado en las últimas décadas en impulsar de manera irresponsable el crecimiento del presupuesto general de gastos de la Nación con un propósito clientelar. Esto se debe ver como una compra de voluntades o de complicidades insanas, por recaer en el bolsillo de los contribuyentes, que sufragan el adormecimiento de conciencias.

Cada año, y el 2018 no es la excepción, crece la efervescencia en el Congreso de la República cuando llega el momento de repartir los recursos, además insuficientes porque la recaudación fiscal siempre es deficitaria. A causa de ello, los desmedidos compromisos terminan cumpliéndose a costa de un mayor endeudamiento.

Esta semana, los 13 oficialistas de los 21 integrantes de la Comisión de Finanzas aprobaron de manera dadivosa un aumento de casi mil millones de quetzales para que el Ministerio de Educación cumpla con el compromiso acordado con la dirigencia sindical magisterial, para cubrir las desproporcionadas demandas de aumentos salariales para este sector, las cuales no dejan de crecer.

Ha sido una entrega sin condiciones la de esos recursos, pues el gremio magisterial y las autoridades de esa cartera son los responsables de uno de los más rezagados modelos educativos de Latinoamérica, donde cada año los únicos que mejoran son los maestros, pues los resultados de las evaluaciones no son los esperados, y el atraso es cada vez más evidente.

Las autoridades educativas ni siquiera han sido capaces, o no han querido, condicionar esos desproporcionados ajustes salariales a una mejora en áreas en las que históricamente se comprueban deficiencias, como es Matemática y Lectura, en las cuales tampoco se han observado mejoras en los últimos dos años, además de que la cobertura de enseñanza se ha reducido en 11 departamentos.

El sometimiento de las más altas autoridades gubernativas a las insostenibles demandas del sindicalismo magisterial se deben a que ahí se concentra el mayor número de empleados públicos, que ya en los dos anteriores gobiernos han demostrado su utilidad cuando los mandatarios han afrontado problemas. Por ello, tan dadivoso trato se ha convertido en un pacto perverso, al poder ser de mucha utilidad en horas difíciles para los gobernantes.

El presupuesto del Ministerio de Educación es el de mayor crecimiento en los últimos gobiernos sin que se observe un ápice de mejora en el sistema educativo. El desproporcionado incremento anual solo se concentra en atender los aumentos salariales, lo que a la vez explica no solo el pésimo cuadro de la educación pública, sino también la deficiente infraestructura, que sigue dando una imagen vergonzosa durante cada invierno, aunque este sea débil.

El estancamiento en la calidad educativa y el insostenible crecimiento presupuestario para atender a una voraz dirigencia magisterial hacen obligatorio que el pleno del Congreso revise lo aprobado por la comisión respectiva, pues, en contraste, se le reducen recursos a los requerimientos hechos por el sector justicia, lo cual solo abonaría en un mayor desprestigio para el Pacto de Corruptos, que al final será el responsable del insostenible endeudamiento público.