Como consecuencia de la “tolerancia cero” contra los emigrantes indocumentados, llamados “ilegales”, Estados Unidos se encuentra en un embrollo. Ayer se cumplió el plazo otorgado por un juez federal de San Diego, California, para obligar al gobierno a encargarse del retorno de los hijos separados de sus padres. Ese país basa parte de su grandeza en el respeto a las leyes y a las órdenes de los jueces. Es, ciertamente, una orden, pero su base es eminentemente ética, y su lógica es simple: aun aceptando la ilegalidad de la inmigración, la separación de familias  de niños y bebés de sus padres es simplemente indefendible y la decisión de hacerlo se convirtió en una fuente interna, mundial e instantánea de rechazo a la medida, causante de un tambaleo en la rudeza de las palabras presidenciales.

La fotografía publicada ayer en la primera plana de Prensa Libre, tomada por un  periodista de la agencia France Press, lo dice todo. La mirada del niño a su padre, y de él a su hijo, son elocuentes. Si hay 879 niños reunificados de manera exitosa con  sus padres, no se deben olvidar los otros 1,672 aún separados, cuyo paradero hasta ahora no se ha sabido en su totalidad. Según la misma lógica mencionada antes, es a Estados Unidos y sus funcionarios a quienes les corresponde encargarse de terminar con ese drama humano, en el cual se incluye otro igualmente grave: el de los padres repatriados sin sus hijos. Desde el punto de vista psicológico, el daño se extiende también a otros familiares cercanos. El imperativo ético es solucionar esta tragedia.

El criterio de considerar esto como un caso de simple ruptura de una ley y de criminalización de todos, adultos y niños incluidos, tampoco resiste ningún análisis ético e incluso moral. Nadie discute la ilegalidad de lo ocurrido en la frontera sur estadounidense. Pero la decisión de cero tolerancia muy pronto comprobó su simplismo al haber sido tomada sin pensar siquiera en las consecuencias para Estados Unidos, cuyos ciudadanos siempre desean estar en el lado de los buenos. Y los buenos no castigan a infantes por un delito –no un crimen— cometido por los padres. La interpretación de ser esta medida un cruel disuasivo para evitar más emigrantes indocumentados hace recordar tiempos de los años treinta y cuarenta en Europa. Imposible evitarlo. 

El papel de los países de donde salieron estos inmigrantes indocumentados también es simple. Por un lado, participar en los esfuerzos para reducir este número, pero por el otro exigir la devolución de los niños a sus padres. En los casos de criminalidad común entre este grupo humano, claro está, deben ser aplicadas las leyes estadounidenses, como ocurre con cualquier persona a causa de delinquir. Pero de ninguna manera se pueden aceptar excusas como desconocimiento de dónde se encuentran, o cualquier otra. Serían vistas como excusas y aumentaría aún más sobre todo la ola interna de críticas. Es, en todo, una crisis de Estado, porque de hecho hace a un lado muchos de los valores sobre los cuales se asienta el sistema estadounidense.

La “tolerancia cero” aplicada como se hizo constituye un ejemplo del riesgo de la “tuitocracia” y del empleo de redes sociales para divulgar mensajes de quienes ejercen presidencias o primeros ministerios. Todos somos amos de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. El riesgo de gobernantes usando estos medios de comunicación radica en un hecho simple: están en la cúspide y nadie puede aclarar lo dicho sin causarle un descalabro a su imagen. Por eso hablar es difícil para los mandatarios, al causar problemas serios  cuando hay equivocaciones o reacciones hepáticas y no meditadas. Las próximas horas serán cruciales para conocer la solución total de la decisión de separar a los niños de sus padres indocumentados y todos los temas colaterales.